A PESAR de las explicaciones del Gobierno sobre el proyecto que radicó la semana anterior de impuesto predial unificado con medidas que, dijo, pondrían un límite para que no se desborden los incrementos que hagan los alcaldes cuando se realice la actualización catastral, exministros y diferentes sectores de la economía señalan lo contrario, pues no solo algunos segmentos de la población se le dispararía el valor del gravamen, sino en las áreas rurales muchos tendrían que vender los predios por no poder pagar.

El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, dijo que “con la propuesta del Gobierno se elimina el congelamiento del incremento del predial (ipc +8pp) para los propietarios rurales de menos de 100 hectáreas, cuyo predial será de mínimo el 50% y hasta del 300% según el avalúo”.

También comentó que por “esa vía el Gobierno le mete el acelerador a la reforma agraria, aumentándoles los impuestos a los propietarios rurales (pequeños y grandes), quienes no tendrían más opción que vender sus predios a la Agencia de Tierras”.

En ese sentido, sostuvo el exministro Valencia que “los productores que no puedan pagar el IPU (Impuesto Predial Unificado) podrían verse en la obligación de vender su predio al Gobierno, pues no tienen con qué pagar el enorme incremento. Así su inmueble se desvaloriza en el valor equivalente a la deuda”.

Agregó que “la propuesta del Gobierno es dañina para los propietarios de la ruralidad, pues los nuevos prediales se volverían confiscatorios y ellos no tendrían más remedio que vender su predio por un menor valor al Gobierno. Esto es toda una jugadita para acelerar la reforma agraria”.

Mientras que el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dijo que “muy válido para el debate en el Congreso el planteamiento de Andrés Valencia sobre el riesgo que en esos predios donde se den aumentos confiscatorios o impagables se esté generando una casi que obligada venta de predios supuestamente ‘voluntaria’ al Estado, haciendo uso del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo”.

El proyecto establece que para viviendas de 135 salarios mínimos legales vigentes, o sea de $ 156 millones o menos, el alza del predial no puede ser mayor al 50% del pago anterior.

Esta medida también aplicaría a predios rurales en las categorías asociadas a destinos económicos y usos del suelo habitacional, comercial rural; áreas para la producción agropecuaria; institucional y áreas de conservación y protección.

El proyecto establece, de igual manera, un límite en el incremento de hasta 100% en predios urbanos con destino habitacional, entre 135 salarios mínimos legales vigentes y 249.

Del mismo modo, plantea límites de hasta 100% cuando el avalúo en predios urbanos con destino habitacional sea mayor a 135 salarios mínimos legales vigentes, pero por debajo de 250 salarios.

Igualmente, un límite en el alza de 150% para los predios de las mismas categorías cuyo avalúo sea superior a 250 salarios, pero menor a 350 salarios.

Para los predios urbanos y rurales se tiene previsto un límite en el aumento de 200% cuando los avalúos se encuentren en el rango de 350 a 500 salarios mínimos vigentes e incrementos de 300% cuando sean superiores a 500 salarios mínimos.

Más opiniones

Varios gremios también han rechazado esta iniciativa, es el caso de Fenalco (Federación nacional de Comerciantes), el cual su presidente Jaime Alberto Cabal dijo que “el proyecto afecta el derecho a la vivienda digna al gravar, excesivamente, la aspiración de tener techo propio. Además, segmentos como el de los pensionados, que viven de unos ingresos de subsistencia, y familias que viven en inmuebles propios, que no les generan ingresos, se verían obligados a vender sus propiedades porque no podrían pagar el predial incrementado en forma exponencial”.

Mientras que el gremio de la construcción, Camacol, alertó que “se pueden generar incrementos en los costos asociados a los servicios de vivienda, en un escenario en el cual los hogares colombianos han visto deteriorada su capacidad de compra y el sector de la construcción presenta un deterioro severo en los principales indicadores”.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dijo que “el objetivo es crear alivios necesarios. Por ejemplo, en los predios con avalúo catastral actualizado, el impuesto predial no puede crecer más allá del 50% de lo que pagó el año anterior, que es menos de lo que hoy está vigente”.

Añadió que predios entre $ 290 millones y $ 406 millones no pagarán más allá del 100% del predial del año anterior, “hoy pueden pagar el mil por ciento”, dijo.