SI ESTA semana el proyecto de reforma pensional no empieza a avanzar en la Comisión Séptima de la Cámara, las posibilidades de que sea aprobado en esta legislatura se complicarían de forma sustancial.

El tema más necesario en este momento para comenzar la discusión, tras radicarse la ponencia para tercer debate el pasado viernes, según muchos de los parlamentarios de los partidos de oposición e independientes, es un nuevo estudio de impacto fiscal que entregue el Ministerio de Hacienda para tener certeza sobre los costos de la iniciativa gubernamental.

Como se informó a mitad de la semana pasada, varios congresistas consultados por EL NUEVO SIGLO enfatizaron que es necesario otro estudio de impacto y fiscal, pues el que hizo llegar este Ministerio cuando el proyecto se tramitó en el Senado, no reflejaría los costos reales porque después esta Corporación redujo de 3 a 2,3 salarios mínimos el umbral de los trabajadores que estarán obligados a cotizar en Colpensiones.

La senadora Beatriz Ríos, de Colombia Justa Libres, dijo que “frente al concepto de impacto fiscal, el mismo indica viabilidad en el corto plazo, y lo más delicado, y fue parte de mi ponencia de archivo, para el 2070 el sistema pensional ocasionará una crisis sin precedentes para las finanzas públicas afectando a los jóvenes hoy que en serán futuros pensionados”.

La congresista añadió que “la modificación del umbral que tuvo la reforma durante el segundo debate representa menos del 5 % de los flujos de aportes del sistema pensional, en cualquier caso es muy importante que el Gobierno articule a Colpensiones, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo para ver los impactos del ajuste, especialmente en el pilar semicontributivo donde se encuentran los trabajadores cotizantes más vulnerables y cualquier cambio en las rentas vitalicias que no son una pensión, los perjudicará”.

Por ello la senadora considera que “es importante que el Gobierno se pronuncie sobre las modificaciones que se introdujeron y tendrán consecuencias fiscales”.

A su turno, el representante Víctor Salcedo, de La U, dijo que “le he pedido a la presidenta de la Comisión Séptima, lo mismo que a la ministra (Trabajo, Gloria Ramírez), queremos que el ministro de Hacienda (Ricardo Bonilla) participe de la discusión esta semana”.

Indicó el parlamentario vallecaucano que “hay que pedir un concepto fiscal, la viabilidad, la sostenibilidad fiscal”.

Mientras que el representante por Norte de Santander, Juan Corzo Álvarez, quien también hace parte de la Comisión Séptima, dijo que “sin duda alguna considero que sí se debe presentar un nuevo informe de impacto fiscal porque ha habido cambios muy grandes en el trámite de la reforma. De los 94 artículos, 31 fueron modificados y son artículos que sin duda alguna cambian la estructura del proyecto, todo el tema del fondo ahorro, la distribución de las cotizaciones, hubo cambios en el fondo solidario, el tema del seguro de invalidez de sobrevivencia, la inversión de los recursos”.

2,3 salarios mínimos

El presidente Petro expresó el pasado 24 de abril que “le propondré a la Cámara que sean 4 salarios mínimos legales vigentes” para cotizar en Colpensiones, esto fue rechazado por las distintas fuerzas políticas, especialmente por parlamentarios liberales, colectividad por la que el proyecto logró superar el retén del segundo debate en esta Corporación, tras acordar con el Gobierno que redujera su aspiración de una cotización de 3 a 2,3 salarios mínimos mensuales.

La propuesta presidencial ni siquiera caló en la coalición de gobierno, al menos así se deriva de la ponencia presentada en cabeza de la coordinadora ponente, la representante Martha Alfonso, en la cual este umbral se mantiene en 2,3 como se aprobó en la plenaria del Senado.

En tanto que esta ponencia hace algunos ajustes al texto, como un nuevo artículo para incorporar los enfoques del sistema. En esto indica que serán enfoques el de género y diversidad; el de sostenibilidad financiera actuarial a largo plazo; el de especial protección a la población rural y al campesinado; el de enfoque étnico; y de envejecimiento digno.

En el pilar semicontributivo se adiciona en el parágrafo 3 que se reconoce el IPC + 3 puntos para la indemnización sustitutiva en el componente de prima media.

En el artículo sobre cotización por periodos inferiores a un mes, por días o por semanas, en la ponencia se incluye un literal que establece la cotización para periodos inferiores a un mes también al Sistema de Subsidio Familiar.

En el artículo 37 sobre el beneficio de semanas para mujeres con hijos que tienen la edad, pero no han completado los requisitos para jubilarse, en el componente de prima media del pilar contributivo se retoma el parágrafo que estaba en el texto para el segundo debate en Senado, en el sentido que este beneficio no aplicará para las personas que se encuentren en el régimen de transición.

Además, el beneficio de disminuir en 50 semanas por cada hijo el número de semanas requeridas, hasta llegar a un mínimo de 850 por máximo tres hijos, en la ponencia se ajusta a 1000.

En cuanto a la administración del fondo de ahorro, en la ponencia se ajusta la redacción señalando que el Banco de la República tendrá una responsabilidad de medio y no de resultado.

Así mismo, la ponencia elimina el artículo sobre trato diferencial a los pueblos indígenas, las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y campesinas.

Complejo escenario político

El escenario en el Congreso es complejo para la reforma pensional, que debe aprobarse en sus cuatro debates hasta el 20 de junio o a más tardar el 19 de julio si el Gobierno llama a extras, so pena de hundirse porque va a completar dos legislaturas.

Sin embargo, el ambiente está gris para la iniciativa no solo porque la Cámara exigiría un nuevo estudio de impacto fiscal y porque los gremios volvieron a insistir en que la reforma tiene muchas debilidades, sino que también está mediando el tema del escándalo de corrupción que este primer semestre le estalló al Gobierno por lo sucedido en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) por la compra de 40 carrotanques para llevar agua a La Guajira.

A ello se suma que el exsubdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, aseguró en los últimos días que de la contratación para La Guajira se sacaron dineros para entregar, supuestamente, a los presidentes del Senado, Iván Name, dijo que $3000 millones; y la Cámara, Andrés Calle, quien habría recibido $1000 millones, para hacer aprobar las reformas del Gobierno. El exfuncionario sostuvo que hay más parlamentarios comprometidos.

El exdirector de esta entidad, Olmedo López, dijo que está en disposición de dar testimonio sobre estos hechos. Los dos exfuncionarios son investigados por la malversación de fondos públicos que habría en este caso y están en diálogos con la Fiscalía para entregar información a cambio de un principio de oportunidad.

Name y Calle negaron lo afirmado por Pinilla. Lo mismo el ministro del Interior, Luis Velasco, quien dijo que el Gobierno no ha entregado recursos para aprobar las reformas.

Varios parlamentarios plantearon que la reforma no debería avanzar hasta que se sepa quiénes son los congresistas involucrados en las irregularidades de contratación de La Guajira.

En ello coincidió el expresidente Germán Vargas Lleras, quien dijo que antes de que inicie trámite el nuevo proyecto de reforma de salud en las comisiones séptimas de Senado y Cámara, sería importante que las presidentas de esas células congresionales, Martha Peralta y María Lopera, respectivamente, “contribuyan con las investigaciones y nos informen qué otros parlamentarios están vinculados a esos procesos de corrupción”.