A SOLO dos días de las elecciones territoriales, Transparencia por Colombia y la Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento Electoral, presentaron el tercer reporte de seguimiento a ingresos y gastos de las campañas 2023. De acuerdo con los resultados, solo el 9% de las candidaturas han rendido cuentas, pero es preocupante que todavía se desconozca cómo se han financiado el 91% de las campañas.

Señala Transparencia que es importante reiterar que todas las candidaturas, independientemente de si son elegidas o se retiraron de la contienda, están obligadas a reportar en tiempo real sus cuentas.

En este último informe se pueden encontrar los análisis detallados de 9 departamentos y sus respectivas ciudades capitales, donde se encuentran presentes las organizaciones aliadas.

Los datos usados para este análisis se basan en el reporte de ingresos y gastos que hacen directamente las campañas en el aplicativo Cuentas Claras con fecha de corte del 23 de octubre de 2023.

Los ingresos

Según el informe y respecto a los ingresos, hasta el momento ascienden a $ 162.374.516.228. De esta cifra, el 57% corresponde a aportes propios y de sus familiares. El 32,1% corresponde a las contribuciones de particulares.

Según el reporte, “esto indica que la mayor fuente de recursos para financiar las campañas territoriales se está originando en fuentes privadas, principalmente del patrimonio propio de los candidatos y de sus familiares”.

Indica el informe que “sobre los ingresos originados en actos públicos, llama la atención que 3 candidatos a la Gobernación de Antioquia y un candidato a la Alcaldía de Medellín, concentran el 37% ($ 1.019 millones) del total reportado por este concepto. Estos recursos corresponden a bingos con empresarios y cenas de contribución de sus campañas, sin embargo, el reporte no permite identificar a las personas naturales o jurídicas que participaron en estas reuniones ni cuál fue el valor de sus aportes”.

En declaraciones a EL NUEVO SIGLO, El director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, dijo que “parte de las debilidades en el control de la financiación de las campañas se atribuyen a que la normativa vigente está diseñada para escenarios en los que no interfieran múltiples partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos en una misma contienda electoral”.

También explicó que, por la misma limitante, han tenido dificultades para identificar, para efectos de rendición de cuentas de un aspirante, la coalición que hará el registro oficial de un candidato que cuenta con el apoyo de diversas organizaciones o movimientos.

“Ese simple hecho que parece un tema procedimental, genera un reto muy grande para una legislación pensada para un escenario que no es necesariamente el que estamos enfrentando”, manifestó Hernández, quien considera la importancia de aumentar la capacidad institucional para tratar temas como este.

Los gastos

Referente a los gastos, Transparencia sostiene que “en total se han reportado gastos por $ 102.967.074.735. A pesar del bajo reporte de gastos de campañas, lo que se observa actualmente confirma la tendencia identificada en reportes anteriores, donde la mayor parte de los recursos de campañas se invierten en propaganda electoral. En este seguimiento se encuentra que el 49,6% de los gastos son por este concepto, ascendiendo a $ 51.070.470.936. En este rubro se registra el pago de $ 11.346 millones correspondiente a publicidad en vallas y $ 16.271 millones a propaganda en medios de comunicación”.

Dentro de los aspectos generales, el informe resalta que “de todos los cargos y corporaciones a elegir, las campañas a las alcaldías son las que más ingresos y gastos han reportado, con $ 500 millones de ingresos y $ 44.400 millones de gastos. En segundo lugar, se encuentran las gobernaciones con $ 41.000 millones de ingresos y $ 29.200 millones de gastos”.

Asegura el informe que “de los departamentos priorizados en este seguimiento, se encuentra que el departamento de Córdoba presenta el menor porcentaje de cumplimiento con el reporte de ingresos y gastos en tiempo real, de hecho, de las 6 candidaturas inscritas, solo 1 ha reportado en Cuentas Claras. En contraste, los departamentos en donde hay mayor porcentaje de reporte son Antioquia donde 9 de 11 candidatos están registrando sus ingresos y gastos y Risaralda donde 4 de 5 candidatos, lo están haciendo”.

Solo Bogotá

Menciona, asimismo, que “la única ciudad en la que todos los candidatos han reportado ingresos y gastos de sus campañas es Bogotá, D.C. En contraste, en Cali, de 13 candidatos a la alcaldía solo 4 están cumpliendo con el registro y lo mismo sucede en Manizales donde de 12 candidatos, solo 4 están reportando sus ingresos y gastos”.

En las observaciones de Transparencia por Colombia, señala que “se ha identificado que existe una relación entre la forma en que se financian las campañas y como se gobierna, sin embargo, el 29 de octubre los colombianos iremos a las urnas sin conocer el origen, monto y destinación de los recursos que se invirtieron en la gran mayoría de las campañas”.

En tiempo real

Ante esta situación, manifiesta el organismo que “hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral a que se tomen las medidas necesarias frente al incumplimiento con la obligación de rendir cuentas en tiempo real, puesto que la falta de seguimiento y sanciones efectivas terminan incentivando la falta de compromiso y responsabilidad de las candidaturas de reportar en Cuentas Claras. Además, desde las organizaciones políticas, se debe no solo entregar el aval, sino también asegurarse que sus candidatos y candidatas cumplan con todas las obligaciones de rendición de cuentas de sus ingresos y gastos de campañas”.

Teniendo en cuenta que tantos los candidatos como las organizaciones políticas tienen como plazo máximo el 29 de diciembre para enviar el reporte final de sus ingresos y gastos de campañas a través de Cuentas Claras, se espera que para esa fecha todos los candidatos y elegidos cumplan a cabalidad con su obligación de rendición de cuentas no solo ante la autoridad electoral, sino ante la ciudadanía. Esto, con el fin de conocer por lo menos, antes de que se posesionen las nuevas autoridades territoriales la forma en que financiaron.

Efectos

Dado el caso de que los elegidos, incluso una vez posesionados sigan en incumplimiento con su reporte de ingresos y gastos, es importante adelantar tareas de cooperación interinstitucional entre el CNE, la Procuraduría y la Fiscalía, toda vez que se han tipificado como delitos electorales el incumplimiento con las obligaciones de control al origen, monto y destinación de los recursos que financian las campañas, así como la omisión del reporte de estos recursos, de manera que, dentro de las respectivas competencias, se adelanten las investigaciones y eventuales sanciones que haya lugar. Como lo menciona Sandra Martínez, directora programática en Transparencia por Colombia, “la mejor forma de hacer coherente el discurso anticorrupción es la de transparentar la forma en que se financian las campañas para que la ciudadanía pueda tomar una decisión informada, pues bien es cierto que cómo te financias, gobiernas”.

Los grandes retos en las cuentas

Sobre los principales inconvenientes identificados durante la campaña de cara a las elecciones del próximo domingo, Hernández manifestó que, desde que iniciaron el seguimiento a los reportes y rendición de cuentas, “ha habido un déficit importante en poder tener información, no solo en tiempo real, sino lo suficientemente consolidada, en los ingresos y gastos en campaña de las 128.000 candidaturas habilitadas en este momento”.

“Eso nos lleva a plantear un escenario en el que ha habido debilidad de información, pasando por algunos problemas técnicos que han hecho que ese proceso de entrega de información sea difícil”, puntualizó el director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Frente a las correcciones que se han hecho para esta campaña, frente a las denuncias y quejas planteadas durante procesos anteriores, Hernández dijo que no ha habido muchas variaciones en cuanto a financiación de campañas.

“Lo que sí evidenciamos, que son retos grandes, es que, por un lado, es haber enfrentado estas elecciones con un número más amplio de partidos políticos, movimientos, candidaturas respaldadas por firmas. Esto lleva a un número alto de candidaturas que hacen que el reto sea el de entregar información, pero también capacitar y sensibilizar a todas las campañas, respecto a que esta es una responsabilidad y obligación legal”, comentó.