Durante el quinto Congreso Internacional de Seguridad, que comenzó en Cartagena,  se celebró el panel “El nuevo mercado de la seguridad: las cárceles, una respuesta a la paz”, donde se habló del papel que puede cumplir el sector privado en los centros de reclusión del país. Dentro del evento participó el ministro de Justicia, Wilson Ruiz.

Ruiz aclaró que el Ministerio en ningún momento está facultado para privatizar las cárceles. “La alianza público privada permite dar la posibilidad a que los alcaldes y gobernadores que tienen cárceles distritales puedan tranquilamente contratar con empresa privadas. También en el futuro estará la posibilidad de hacer una APP para poder construir cárceles. El sistema carcelario del país es vetusto, hay cárceles que tienen más de 80 años”.

“En Colombia tenemos 128 centros de reclusión del orden nacional con capacidad para 82 mil internos. El problema más grave que tenemos es frente a los sindicados que actualmente están en las URI y estaciones de Policía; ninguna de estas se encuentran aptas para mantener internos a largo plazo”, sostuvo el ministro.

“Hay que recordarles a los gobernadores y alcaldes que a ellos les corresponde la construcción de centros reclusorios. En 29 años solo se han construido 2.800 cupos y 37 centros de reclusión transitoria; es una cifra demasiado corta para la responsabilidad de estas”, enfatizó Ruiz.

Destacó el ejemplo de Jamundí, en Valle del Cauca, donde el alcalde ayudó a construir 50 cupos. “Logramos desocupar una de las URI de allá. En Barranquilla Jaime Pumarejo abrió 270 cupos. Hay muchos alcaldes que no le ponen atención al tema porque no es un tema electorero”.

• Le puede interesar: IDU ha perdido 100 millones en reparación de losas

El papel de los privados

Del mismo modo participó José Patricio Patiño, consultor de Naciones Unidas, quien resaltó que hoy en día el sector privado participa de diversas formas con el funcionamiento de las cárceles, ya que proveen alimentos, tecnología, vehículos, monitoreo y aún así no se puede hablar de que están privatizadas, ya que toda esta dotación permite que el sector penitenciario fluya.

“Hay 1.100 productos que se consumen en las cárceles: camas, uniformes, fumigantes, sistemas para que se cumplan los ejes de la reinserción en todos esos aspectos... El sector privado está presente en las cárceles”, manifestó.

Por su parte, Marco Antonio Carmach, director general de servicios y proyectos públicos privados de Chile, agregó que la APP se aplica bien si se refiere a un conjunto de normas jurídicas que regulan una industria. “A veces se confunde el fin con el medio, se piensa que el privado es la solución, porque el Estado es ineficiente siempre. Las APP no son más que una herramienta para solucionar un problema”, remarcó.

“El único rol que tenía el privado en Chile era construir la cárcel, así que nace como una herramienta para proveer infraestructura. Se usa la ley para construir 10 cárceles, era como un crédito hipotecario y se pagaba en cuotas anuales; con eso se soluciona el problema del hacinamiento”, señaló Carmach.

“Se conformó un equipo para desarrollar las guías de diseño, lo financiaba y se lo entregaba al Estado”, recuerda el chileno.

“¿Qué servicios se trasladaban al sector privado? Tiene que haber una compensación de qué cosas conviene. Las APP son una herramienta poderosa, depende de quién las desarrolle; en las que han fracasado hubo un mal diseño, una mala implementación”, finalizó Carmach.

Seguridad

Por último, el exdirector de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, recordó que la cárcel distrital funciona como un reloj, hay respeto a los derechos humanos y hay procesos importantes de resocialización y es un buen ejemplo.

“Los privados deben conocer los avances normativos de la ley de seguridad ciudadana y como empresarios mirar, si este negocio me interesa, cómo podemos participar. Cómo formulamos una propuesta que sea rentable y que pueda prestar un buen servicio, sin perder de vista que no partimos de cero por los ejemplos que hay en el mundo”, expresó Acero.

Recordó que en la cárcel distrital se mantuvo el mismo número de vigilantes porque lo que ofrecía la seguridad era el diseño arquitectónico. “Las cámaras estaban diseñadas para mantener la operatividad y no tanto para vigilar a los internos”.

“No existe un estudio detallado de los costos que implica una cárcel. Por eso se deben conocer las normas y recoger las experiencias para revisar hasta dónde puede ser rentable”, finalizó Acero.