La Fiscalía General de la Nación a través de la Seccional de Sucre, logró que un juez de control de garantías de Sincelejo impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra el actual alcalde del municipio de El Roble, Serguey Alfredo Vergara Vergara (2020-2023); y el exsecretario de planeación, Jader Daniel Vergara Aldana.
Los dos funcionarios habrían, al parecer, participado en un entramado de corrupción que comprometería al exalcalde de la misma población José Francisco Vergara Vergara (2016-2019), familiar de los dos asegurados; y quien también está siendo procesado por estos hechos.
Labores de policía judicial evidenciaron que el 27 de septiembre de 2019, el entonces mandatario local y su secretario de planeación, suscribieron un contrato por más de 778 millones de pesos para la construcción de ocho jagueyes para mitigar la sequía en esa zona del país.
La investigación determinó que durante el proceso contractual no se dieron a conocer las especificaciones técnicas, planos, presupuesto y estudios de suelos; entre otros aspectos contemplados en la ley. También se habrían afectado los principios de planeación, selección objetiva y transparencia.
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El material de prueba recaudado evidenció que el consorcio beneficiado con la obra habría aportado certificaciones falsas para acceder a los recursos municipales. La Alcaldía como contratante tampoco generó las solicitudes de permiso, ni las licencias necesarias para los pozos de agua afectando el acceso al agua para pequeños ganaderos. Por el contrario, se habría beneficiado a grandes hacendados cercanos a los mandatarios locales investigados.
Por estos hechos están siendo judicializados los particulares Gustavo Lozano Montes, Jair de Jesús Oliva Jaraba, José Sacramento Escamilla Sierra, Humberto Carlos Pérez Rivera y Germán González Escobar. A los tres primeros les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario; los dos restantes afrontarán el proceso en libertad.
Las Fiscalía imputó a los investigados, según sus responsabilidades individuales, delitos como: peculado por apropiación, uso de documento público falso, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ninguno de los procesados admitió su responsabilidad frente a los cargos en su contra.