El Gobierno solicitó al Consejo de Estado que suspenda temporalmente el Decreto 380 del 12 de abril de 2021 que permite la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato. Esta solicitud se basa en preocupaciones sobre los efectos negativos del herbicida en la salud y el medio ambiente.

La petición del Gobierno se fundamenta en una serie de preocupaciones, tanto científicas como éticas y políticas. Si bien, el uso del glifosato es defendido por algunos como una herramienta efectiva en la lucha contra los cultivos ilícitos, también es objeto de fuertes críticas y cuestionamientos.

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El Ministerio de Justicia, en su comunicado al Consejo de Estado, argumenta que el glifosato puede desencadenar daños a la salud y al ambiente. Esto se alinea con las preocupaciones expresadas por diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud pública, que advierten sobre los posibles riesgos carcinogénicos y ambientales asociados con este herbicida.

El contexto en el que se da esta solicitud de suspensión es que el decreto en cuestión, promulgado durante la administración anterior, marcó un retorno a las fumigaciones aéreas con glifosato después de que estas fueran suspendidas en 2015. Esta decisión fue ampliamente criticada en su momento y ha seguido generando controversia hasta el día de hoy.

El gobierno de Iván Duque expidió el Decreto 380, por medio del cual se reactiva la fumigación aérea a cultivos ilícitos, en éste, además, buscó dar cumplimiento a los seis requisitos que estableció la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 del 2017, los cuales deben ser tenidos en cuenta por el Ejecutivo nacional que quisiera poner en práctica de nuevo este mecanismo, y que, básicamente, buscan que no sea afectada la salud de la población en donde se ejecuten las aspersiones ni el medioambiente.

El cambio de postura del Gobierno actual refleja una nueva visión en la política antidrogas del país. Se busca priorizar estrategias que no comprometan la salud de las personas ni el equilibrio ambiental, al tiempo que se cumpla con los objetivos de erradicación de cultivos ilícitos.

Dicha Sentencia se produjo luego de que el gobierno de Juan Manuel Santos suspendiera las fumigaciones con glifosato sobre los sembrados de coca, invocando razones de precaución en salud, pues por esos días, precisamente, se conocieron nuevos estudios de instituciones adscritas a la Organización Mundial de la Salud, en los cuales alertaban sobre eventuales efectos cancerígenos en las personas del herbicida glifosato.

El debate sobre el glifosato no se limita únicamente a Colombia. A nivel internacional, este herbicida es objeto de discusiones y regulaciones debido a sus posibles impactos negativos en la salud humana y en el medio ambiente. La solicitud de suspensión por parte del Gobierno colombiano se enmarca en este contexto global de preocupación por el uso de productos químicos en la agricultura y la seguridad alimentaria.

Es importante destacar que esta solicitud de suspensión no es un acto aislado, sino que forma parte de un proceso más amplio de revisión y actualización de las políticas públicas en materia de drogas en Colombia. La nueva política antidrogas establecida por el Gobierno actual busca integrar enfoques más holísticos y sostenibles, alejándose de prácticas que puedan tener efectos adversos a largo plazo.

El Decreto 380 señala que se adopta un marco normativo especial, independiente y autónomo sobre el control del riesgo para la salud y el medioambiente en el marco de la disposición de la destrucción de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión.