EL NUEVO SIGLO: ¿Qué saben de la denuncia de la representante Juvinao de que el Gobierno le debe más de un $1 billón a las universidades por Matrícula Cero y $160.000 millones para su funcionamiento?

JAIRO TORRES: Como lo informé el pasado 30 de diciembre en calidad de presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), que agremia las 34 universidades públicas del país, a esa fecha el Gobierno se había puesto al día con los recursos de gratuidad de la matrícula, es decir, había girado los recursos que estaban comprometidos para la vigencia del año 2024, y que era el 20% del primer semestre y el 80% del segundo semestre.

ENS: ¿Cómo ve el presupuesto para la educación superior este año, teniendo en cuenta que el Gobierno hizo un fuerte recorte en el Presupuesto General de la Nación por sus dificultades fiscales?

JT: Hay una responsabilidad por parte del Estado con las universidades públicas, y eso compete a cada gobierno responder con ese compromiso. Lo que ha hecho este Gobierno para con las 34 universidades públicas para la vigencia del 2025 es garantizar los recursos, que son los recursos de funcionamiento que requerimos.

Eso independiente a un tema que hemos ventilado en los últimos años, y tiene que ver con el desfinanciamiento estructural de la universidad pública, que responde al indicador de transferencias que hace la nación a las universidades todos los años, está en el artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que no se ha reformado y que fue radicado en septiembre del año pasado en la Comisión Sexta del Senado, que esperamos que se tramite apenas inicie este periodo de la legislatura en el año 2025.

Ese es un problema estructural que no ha sido resuelto, y es que hay que cambiar el indicador de transferencias que la nación tiene para las universidades públicas. Mientras ese indicador no se cambie por un nuevo indicador que le permita a las universidades públicas del país contar con los recursos necesarios para su crecimiento, para su sostenibilidad, para su proyección, ese desfinanciamiento nos va a seguir golpeando fuertemente.

ENS: ¿A cuánto asciende la suma acumulada por ese desfinanciamiento?

JT: En el año 1992 el Congreso aprobó la Ley 30, que rige la educación superior. En esa Ley en el artículo 86 y 87 se definió que año a año la nación les transfería a las universidades con base en un indicador, el IPC. Resulta que, en el año 1993, en Colombia las universidades públicas éramos 32, hoy somos 34; teníamos matriculados 155.000 estudiantes, hoy tenemos por encima de 650.000. Es decir, incrementamos 500.000 cupos en 30 años.

¿Qué implicó eso?, pues mayores profesores, mayor infraestructura, investigación, extensión, todo lo que se requiere para cumplir con un aumento de cobertura con el mismo indicador de transferencias. Hemos crecido 5 puntos por encima de lo que la nación año a año nos transfiere. ¿Eso qué significa en la práctica?: que hoy tenemos un desfinanciamiento estructural acumulado de cerca de $19 billones, por eso es que ese indicador de transferencias hay que transformarlo, hay que cambiarlo por otro.

Por eso hoy la nación concurre con el 50% de los recursos para funcionamiento y las universidades generamos el otro 50%. Cómo, a través de la venta de servicios, matrículas de pregrado, matrículas de posgrado, consultorías, interventorías, diplomados, cursos, seminarios, proyectos de investigación, proyectos de extensión, centros, laboratorios, institutos y toda nuestra capacidad. Tenemos que vender servicios para generar recursos.

Esa es la realidad, ese es el desfinanciamiento estructural que debe ser corregido de aquí en adelante con un nuevo indicador, de ahí entonces la necesidad de que el Congreso tramite la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30. De lo contrario, la tendencia seguirá siendo progresiva en términos de desfinanciamiento de la universidad pública porque las transferencias que la nación nos hace con base en el IPC son insuficientes, en comparación con el crecimiento que nosotros hemos tenido año a año.

ENS: En ese proyecto de reforma de la Ley 30 de los artículos 86 y 87 que presentó el Gobierno para el nuevo modelo de financiación de universidades públicas, se contempla acudir al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el que sea mayor, ¿qué piensa al respecto?

JT: Ese indicador lo hizo el SUE, ese indicador lo hicimos las universidades públicas, hace más o menos 8 años venimos trabajando un nuevo indicador que cambie el IPC que está actualmente en el artículo 86 de la Ley 30 por uno nuevo. Hablamos del índice de la canasta educativa, que lo establece el DANE, pero ese indicador por sí mismo no tiene ningún impacto mientras que en los recursos de funcionamiento la nación no asuma los costos prestacionales en términos salariales de los profesores y los trabajadores, que es lo que tiene impacto financiero en las universidades.

Hoy, por ejemplo, el 1279, que es un Decreto Ley que establece que el salario de los profesores se fija con base en su producción científica, artículos en revistas, ponencias, seminarios internacionales, etcétera. Pues la nación no nos envía recursos a las universidades para sostener este crecimiento salarial, los tenemos que asumir con recursos propios. Entonces hemos dicho que ese proyecto de reforma debe contener esa responsabilidad en materia salarial y prestacional de los trabajadores y profesores de las universidades. Si no lo asumen, no tiene ningún sentido construir un indicador que no asuma ese impacto financiero.

ENS: Ministro Daniel Rojas informó que este proyecto busca en un horizonte de 15 años alcanzar una inversión del 1% del PIB en la educación superior del país, ¿esto es suficiente o se requiere un porcentaje mayor?

JT: Esta es una proyección, esto requiere una progresividad y una sostenibilidad teniendo en cuenta las variables macroeconómicas del país, sabemos que el país hoy atraviesa una situación financiera compleja, y eso de una u otra manera establece límites en las proyecciones que se hacen en ciertos sectores, en este caso en la educación superior.

Por supuesto cuando se habla de hacía un 1% del PIB, pues esa es la tendencia de 15 años de manera progresiva, lo importante es mantenerla, que es lo que el sector espera que ese crecimiento financiero realmente sea sostenible, porque se sabe que aquí en Colombia las dinámicas dependen de los gobiernos. Puede llegar un gobierno mañana en el cual la prioridad no sea la educación sino otro sector.

ENS: ¿Qué opina de que el Gobierno se comprometió en reformar la Ley 30, pero finalmente solo buscó reformar los artículos que tienen que ver con la financiación de la universidad pública?

JT: Esas son las prioridades en las agendas de los gobiernos, pero quienes estamos en este sector y lo conocemos, sabemos que, si bien hay problemas estructurales que requieren ser reformados y transformados, también existen situaciones que son de urgencia inmediata. Si usted me pregunta cuál es el factor esencial, sin desconocer una nueva ley general de educación, es inaplazable la reforma de los artículos 86 y 87.

Mientras a la universidad pública no se le construya un nuevo modelo financiero, vamos a estar condenados a una situación de desfinanciamiento seria.