En un reciente comunicado, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) negó las acusaciones de interceptación de comunicaciones a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros altos dignatarios judiciales. La Inspección General de la DNI informó que, tras una exhaustiva verificación, no se encontraron pruebas que sugieran la participación de esta entidad en dichas actividades.
La Inspección General dispuso la apertura de la verificación 03 de 2024 luego de recibir información en febrero de este año sobre la posible interceptación de comunicaciones a magistrados. Durante el proceso de verificación, se revisaron las políticas institucionales y las herramientas tecnológicas adquiridas por la entidad, sin encontrar equipos de interceptación de comunicaciones.
Además, se inspeccionaron los locales de inteligencia en Funza y Bogotá, confirmando que la DNI no posee capacidades técnicas ni tecnológicas para interceptar comunicaciones tradicionales o encriptadas. No se encontró información relacionada con los magistrados en el repositorio de la entidad. También se entrevistó a agentes de inteligencia y coordinadores operacionales, quienes aseguraron conocer y respetar la prohibición de interceptar comunicaciones en sus actividades.
Además, la Inspección General descartó que la DNI haya realizado actividades de inteligencia en un edificio en la carrera 92 con calle 11 en Bogotá, o que se hayan realizado perfilamientos a altos dignatarios judiciales a través de búsquedas en internet durante el segundo semestre de 2023.
En respuesta a las declaraciones del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibañez, sobre la posible interceptación de sus comunicaciones, se ha iniciado una nueva verificación. Igualmente, se está investigando si la DNI tuvo alguna participación en la supuesta adquisición del malware Pegasus por el gobierno colombiano en 2020.
El comunicado subraya el compromiso del Presidente Gustavo Petro Urrego con el respeto a la ley de inteligencia y los derechos humanos. Desde el inicio de su mandato, ha ordenado estrictas verificaciones para prevenir cualquier persecución a dignatarios judiciales, como ocurrió en el pasado. La Inspección General reafirma su autonomía y compromiso en la supervisión de las actividades de inteligencia, con el objetivo de proteger la independencia y el respeto a la administración de justicia.