LA DEBILIDAD de la legislación electoral colombiana quedó en evidencia durante el transcurso de esta campaña.

La mayor muestra de ello es que, incluso el viernes, todavía el Consejo Nacional Electoral (CNE) estaba resolviendo impugnaciones de candidaturas a gobernaciones, alcaldías y concejos municipales.

Sin duda, este es un tema de gran preocupación, pues como lo aseguraron a EL NUEVO SIGLO recientemente, el ente electoral carece de estructura sólida para resolver a tiempo asuntos como las solicitudes de revocatoria contra aspirantes.

Es que tres días antes de los comicios quedaban pendientes por resolver 500 recursos de revocatoria. Alfonso Campos, presidente de la entidad, lo reveló a medios de comunicación.

No obstante, este viernes el Consejo Nacional Electoral reconoció que era imposible resolver las denuncias pendientes, razón por la que, si alguno de los aspirantes vinculados resultaba elegido, los accionantes están obligados a asistir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Sobre este asunto, la Registraduría informó que en las tarjetas de las elecciones aparecerán varios candidatos cuyas inscripciones fueron anuladas, teniendo en cuenta que dicha decisión se dio con posterioridad a la fecha de impresión.

La entidad aclara que “durante el proceso de escrutinio de mesa, los jurados de votación contabilizarán los votos que los ciudadanos llegaran a depositar a favor de los candidatos a quienes el CNE les ha revocado su inscripción, a nombre de dichos candidatos, y consignarán los resultados en las actas de escrutinio (formulario E-14), pero serán las comisiones escrutadoras las que determinen la validez de dichos votos, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el CNE en la circular No. 002 del 24 de octubre de 2023”.

Ante esta situación, muchos electores llegarán hoy a las urnas sin tener claridad sobre cuáles son los candidatos disponibles, corriendo el riesgo de emitir su voto por alguno sobre el cual pesa una medida de revocatoria.

Entre los candidatos que aparecerán hoy en los tarjetones electorales, aun cuando se hayan quedado en el camino por decisión del CNE, están Rodolfo Hernández en Santander y Tulio Gómez en Valle del Cauca.

En el caso del ingeniero, exalcalde de Bucaramanga y excandidato a la Presidencia, el CNE confirmó recientemente la decisión de revocar su candidatura, en vista de varios procesos abiertos en la Procuraduría.

Según el ente de control, Hernández acumula al menos tres inhabilitaciones en un lapso de tiempo de cinco años, por lo que incumple el código disciplinario.

Entre las causas abierta en su contra está la agresión verbal contra el veedor ciudadano Fernando Martínez Arenas, a quien llamó "lavaperros" en 2018. Además, insultó y calificó de corrupto al funcionario Wilson Motta. Por último, golpeó al concejal John Claro.

Sobre Gómez, el ente electoral también reiteró su decisión de revocar sus aspiraciones en Valle del Cauca, alegando que el empresario había celebrado contratos con organismos públicos un año antes de las elecciones regionales, cuando era directivo del América de Cali.

Procesos similares que también generaron polémica fueron el de Oneida Pinto en el municipio de Albania (La Guajira) y el de Mauricio Jaramillo en la Gobernación del Tolima.

Financiamiento

Otra debilidad atribuida al ente es el poco control al financiamiento de campañas. Así lo aseguró a este diario el representante Duvalier Sánchez, uno de los ponentes en Cámara de la reforma al Código Electoral, que se hundió recientemente en el Congreso.

“Si el Consejo Nacional Electoral tuviera más herramientas para revisar cuentas, para seguir dineros en efectivo, para que las campañas se vean en la necesidad de sistematizar y bancarizar los ingresos y egresos, sería más factible el control de la financiación”, manifestó.

Sobre esto también hizo referencia el director ejecutivo de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, quien en conversación con este diario informó que una de las debilidades de la legislación electoral, sobre todo en estos comicios regionales, es la dificultad que existe para controlar el ingreso de recursos en campañas.

“Esto se debe a que la normativa vigente está diseñada para escenarios en los que no interfieran múltiples partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos en una misma contienda electoral”, manifestó.

Dicha organización, junto con Alianza para el Control Ciudadano al Financiamiento Electoral, presentó el tercer reporte de seguimiento a ingresos y gastos de las campañas 2023. De acuerdo con los resultados, solo el 9 % de las candidaturas han rendido cuentas, pero es preocupante que, a hoy, todavía se desconozca cómo se han financiado el 91 % de las campañas.

A ello se le suma que la Procuraduría General de la Nación informó hace dos semanas sobre la recepción de 2.130 quejas sobre servidores públicos vinculados a delitos electorales.

“375 de estas quejas son contra funcionarios públicos, 337 contra funcionarios de elección popular, 75 contra miembros de la Registraduría y 9 de la Organización Electoral”, afirmó el ente de control.

También destacó: "nos preocupa que de las 2.130 quejas recibidas, 601 son por indebida participación en política, casi el 30 %. Me preocupa porque es precisamente en esto en lo que más hemos insistido desde la Procuraduría".

Las recompensas del Gobierno

Otro tema importante es que el Gobierno anunció a última hora ofrecer recompensas a ciudadanos que denuncien la compra de votos en las elecciones, generando una gran controversia con el fiscal general, Francisco Barbosa.

El pasado miércoles, el presidente Gustavo Petro ordenó a través de su cuenta X a las autoridades pagar por información sobre hechos de corrupción electoral, con la intención de desmantelar organizaciones que incurren en este delito.

“He dado autorización para pagar las informaciones efectivas sobre compradores de votos en todo el territorio nacional. Comprar votos es un delito”, manifestó el jefe de Estado en su cuenta X.

Al respecto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, informó que el Ejecutivo tenía intenciones de pagar hasta 20 millones de pesos a quienes brinden información sobre personas y lugares vinculados a la compra de votos.

La medida generó un alud de reacciones en diversos sectores, entre ellas la del fiscal Barbosa, quien por ello invitó a los ciudadanos a denunciar hechos relacionados con la compra de votos, pero sin esperar dinero a cambio.

El viernes, el ente investigador también hizo público un comunicado en el que aclaró que “ante las afirmaciones entregadas a través de redes sociales por parte del Gobierno Nacional, sobre el supuesto pago de recompensas, la Fiscalía General de la Nación se permite informar que es falso que la entidad se encuentre promoviendo el pago de recompensas a la ciudadanía por denunciar la presunta compra y venta de votos. Desde el momento que se conoció la propuesta, el ente investigador la rechazó por considerarla improvisada, ya que no existen mecanismos de control para que se lleve a cabo de manera eficaz y sin incurrir en la posible comisión de otros delitos”.

MOE denuncia trashumancia electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) identificó en su décimo informe, con corte al 29 de agosto de 2023, 12 municipios que registran los niveles de inscripción más altos de todo el país, de los cuales seis presentan riesgos extremos por su nivel de atipicidad en tasas de inscripción.

Estos son Puerto Gaitán (Meta), Atrato (Chocó), La Jagua del Pilar (La Guajira), Cumbitara (Nariño) y Barranco Minas (Guainía). Según el ente, estos municipios presentaron tasas de inscripción 4.5 veces superiores a la nacional.

“A nivel de puestos de votación se mencionan 18 con las tasas de inscripción más altas. Dentro de estos puestos se destacan los de El Plan y el puesto de la cabecera municipal en La Jagua del Pilar, el puesto Sidón de Cumbitara y los puestos de las cabeceras municipales de Cabuyaro y Atrato”, resaltó el informe de la MOE.

También afirmó que las tasas atípicas responden a múltiples factores, por lo que instaron a las autoridades a hacer un análisis para conocer si se deben a algún tipo de irregularidad electoral o simplemente a algún otro factor externo.

Existen cuatro factores que afectan el nivel de inscripción de cédulas. “En primer lugar, se analiza la violencia como un posible determinante de la tasa de inscripción de cédulas. En segundo lugar, se compara la participación electoral histórica con la tasa de inscripción de cédulas. En tercer lugar, se mira la migración de nacionales al municipio, es decir, el porcentaje de colombianos en el municipio que llegaron a vivir allí en años recientes. Finalmente, se examina el nivel de cedulación y acceso a los puestos de votación y cómo puede influir en la cantidad de personas que inscriben su cédula para votar”, señaló la MOE.