Como parte de su estrategia de defensa, el abogado penalista Jaime Granados Peña, apoderado del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, reveló que su cliente le pide a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que se levante la reserva sumarial de su proceso.
“Esto con el fin de que la opinión pública, los medios de comunicación y la comunidad en general pudieran de manera integral constatar la total transparencia de su proceder”, dijo el jueves en un comunicado.
Granados advirtió que la única intención de tal solicitud es “aportar la mayor transparencia a este caso que por su connotación pública y política se ha prestado a la violación de la reserva sirviendo a una batalla de tinte político que nada tiene que ver con la majestad de la instancia jurídica”.
El comunicado de Granados agregó que la reserva sumarial existe en la legislación colombiana, entre otras razones, para proteger el principio de presunción de inocencia contemplado en la Constitución.
“En el proceso contra Álvaro Uribe, la realidad es que por razones que desconoce la defensa, el proceso se ha venido filtrando selectivamente a cuentagotas a la opinión pública, de forma descontextualizada y haciendo énfasis en las pruebas en contra y no en las decenas de pruebas contundentes a favor”, anotó.
Al cierre de esta edición, también se conoció que el representante por el Huila, Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, vinculado al proceso de Uribe, formuló similar solicitud a la Corte.
Su abogado, Víctor Mosquera, dijo que su cliente “formula petición respetuosa ante la Corte Suprema de Justicia, en aras de garantizar los intereses de la justicia y de una sociedad democrática ante un proceso de connotación nacional, que se levante la reserva sumarial de todo el proceso en su contra, para que la opinión pública, los medios de comunicación y la ciudadanía en general puedan corroborar su inocencia y se pueda realizar una veeduría del proceso”.
El Jueves, también se conoció que la Sala Especial de Instrucción le impuso una caución equivalente a 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, algo así como unos $100 millones.
Estrategia
Como lo publicó el jueves EL NUEVO SIGLO, la defensa del expresidente Uribe había planteado que su propósito es mostrarle al país que Uribe “no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consiguieran testigos”.
De esta forma, la defensa busca desvirtuar lo dicho por la Sala Especial cuando afirma que “al parecer, con la aprobación del Senador, personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.
En segundo lugar, Granados anticipó que mostrará ante la Corte elementos probatorios para desvirtuar la acusación de “determinador” que le endilga la Sala Especial de Instrucción a Uribe, y en la que se finca los delitos por los que es señalado el congresista.
Según la Corporación, en el expediente figuran pruebas que “al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal”.
Declaraciones
La defensa también expondrá que las visitas en la cárcel del abogado Cadena a Juan Guillermo Monsalve obedecieron a que “a través de terceros, venía manifestando su intención de retractarse de infames declaraciones que había dado en el pasado. Intención que, tras la visita, corroboró el abogado Cadena, quién así se lo transmitió al presidente Uribe”.
Granados recordó, y dijo que así está consignado en el proceso penal, que “la única petición de mi cliente, como se puede fácilmente corroborar en las propias interceptaciones, era que el testigo dijera libremente la verdad”.
También manifestará que “no constituye soborno” el hecho de que el abogado Cadena se hubiera comprometido con Monsalve a coadyuvar ante la Corte para que lo protegiera de amenazas contra su vida. Eso ocurrió en abril de 2018, cuando Cadena le confirmó tal situación a Uribe.
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“El Presidente, como corresponde, indicó que el testigo debía pedir directamente a la Corte las medidas de seguridad, comprometiéndose a coadyuvar dicha petición ante la Corte”, señaló la defensa de Uribe.
En ese sentido, Granados explicó que Cadena “ha reconocido públicamente que ofreció su asesoría jurídica a Monsalve” a efectos de una posible acción de revisión de su proceso “mucho tiempo antes de haber informado tal situación al presidente Uribe”.
Testigos
Frente al tema, la defensa consideró que Uribe “entendió que ello ninguna acción ilícita conllevaba”, no solo porque como abogado Cadena estaba facultado para hacerlo, sino porque, además, “tal circunstancia no era una contraprestación”, pues la supuesta carta en la que Monsalve declararía en favor del expresidente “ya existía”, según notificó al senador.
“Esto, en ningún contexto, puede entenderse como un soborno, pues nunca se le pidió por parte del presidente Uribe al testigo que faltara a la verdad”, agregó Granados; pero fue más allá: tal carta “nunca llegó a manos del abogado Cadena ni del presidente Uribe, ni fue presentada ante la Corte”, y afirmó que, por consiguiente “no hubo ninguna inducción en error” a la Corte.