POR el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales cuando se desempeñaba como ministra del Deporte, la Fiscalía inculpará a María Isabel Urrutia, quien salió en el primer remezón del gabinete a finales de febrero pasado. Es investigada porque suscribió 106 contratos de prestación de servicios.

La Entidad presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencia de imputación de cargos a la exministra del Deporte, “como posible responsable de varias conductas delictivas en el trámite y celebración de más de un centenar de contratos”, explicó el ente acusador.

Esta noticia se dio ayer, apenas un día luego de que el jefe del Estado le pidió la renuncia al presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FND), Gilberto Rondón, en medio de señalamientos porque, según, estaría recibiendo hojas de vida de parlamentarios del Partido Liberal, presuntamente con la intención de lograr votos favorables a las reformas grandes que radicó el Ejecutivo: de salud, laboral y pensional.

En los 10 meses que lleva este Gobierno hay varios casos que se han denunciado sobre supuestas irregularidades en la contratación.

La Fiscalía indicó que Urrutia, “luego de que le solicitaron la renuncia, la exfuncionaria ordenó terminar de manera anticipada 106 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, y suscribió inmediatamente los mismos para ampliar el término de ejecución”.

Añadió el organismo que, de acuerdo con los elementos de prueba, luego de que el Presidente de la República le solicitó públicamente la renuncia a la entonces Ministra, la noche del 28 de febrero del año en curso, ella “ordenó dar por terminado de manera selectiva y subjetiva 106 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, los cuales tenían una vigencia de cuatro meses”.

Agregó que en las actas de terminación anticipada cada contratista señaló que ponía fin al compromiso laboral por motivos personales. “Sin embargo, por instrucción de la entonces ministra, en apenas cuatro días fueron contratados nuevamente, pero por un término mayor que se extendía hasta el 31 de diciembre de 2023”, señala la Fiscalía.

Indicó el organismo que “en la investigación se estableció que los contratos fueron celebrados nuevamente en aparente desconocimiento de las normas de contratación pública”.

Urrutia dijo a Caracol Radio que “no veo en dónde la Fiscalía me pueda imputar cargos por haber organizado el Ministerio”.

Manifestó que “con la resolución que sacó el señor presidente Gustavo Petro, se podían hacer contratos por 4 meses o por 11 meses, pero la carga laboral para ellos era muy grande y empezamos el proceso de subir. Cuando dijeron que me tenía que ir, el mismo sindicato me llamó y dijo que estaban con carga laboral y subimos los contratos”.

Otros casos

Una de las más importantes contrataciones que lleva a cabo el Gobierno es para escoger la empresa que diseñará e imprimirá los pasaportes durante los próximos tres años, por $ 600.000 millones.

La licitación en la que pujan 10 multinacionales está a cargo de la Cancillería, sin embargo, hay denuncias porque, supuestamente, en los términos se buscaría favorecer a la empresa que desde el 2009 se ha quedado con este jugoso contrato.

Dicha licitación está en la mira de la Procuraduría para vigilar que se den garantías a la selección objetiva, libre concurrencia en la participación, calidad en el servicio y cumplimiento del cronograma.

Así lo hizo saber el pasado 18 de mayo, Fernando Grillo, procurador Delegado Segundo para la Vigilancia de la Función Pública, al advertir que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de la selección del contrato, a esa fecha no había dado respuesta a una serie de observaciones hechas por el Ministerio Público y que tienen que ver con el pliego de la licitación y las condiciones de participación.

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Denuncias en DPS

La senadora Paloma Valencia, del Partido de oposición Centro Democrático, señaló supuestas irregularidades en dos contratos que suscribió el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), uno de ellos con una firma de giros para los pagos a nivel nacional del programa Adulto Mayor.

Valencia, señala que la firma que se quedó con este contrato por $ 20.000 millones fue aportante de la campaña de Gustavo Petro en 2022. En este sentido, la parlamentaria dijo que “el Gobierno Petro le habría cumplido a SuperGiros”.

De igual manera, también llamó la atención por un contrato que firmó el DPS con el Banco Agrario por $ 54.000 millones para el pago en todo el país a los beneficiarios del programa Familias en Acción.

La congresista dijo que en ese contrato el Banco Agrario cobra $ 3.200 por cada giro a las familias beneficiarias del pago.

No obstante, aseguró que hay entidades financieras que ofrecían una tarifa por debajo de los $ 2.600.

Por otro lado, esta semana se conoció que el novio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, tuvo contratos en el Invías por más de $ 13 millones.

Se supo que Julián Caicedo se desempeñaba como asesor de la Dirección Técnica y de Estructuración en el Invías. La polémica también se dio porque el joven publicó en sus redes sociales fotografías paseando en Panamá, Chile, Estados Unidos, cuando se suponía debía estar realizando las labores para las que fue contratado.

Volviendo con el caso de Gilberto Rondón se denunció que congresistas liberales habrían hecho llegar 250 hojas de vida de sus recomendados al FND, de las cuales al menos un centenar de personas habrían sido contratadas.

Rondón en declaraciones a W Radio dijo que: “tengo que contribuir que las reformas del Gobierno salgan adelante. Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, porque yo no tengo la cuenta, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho, porque estamos en una democracia pluralista y participativa. El que gana las elecciones gobierna con su gente”. Agregó que: “esto no es ‘mermelada’, es una participación burocrática legal. La ‘mermelada’ son los contratos, eso es distinto”.

Contratos con sindicatos

El abogado Juan Manuel Santos Arango denunció que varias entidades tienen contratos con sindicatos, que como se sabe la mayoría apoya al gobierno del presidente Petro.

Señaló que “la CUT, CGT y CTC deben aclarar el alcance de sus contratos con el gobierno de Gustavo Petro y si evitan que estos afecten sus posturas”.

Aseguró que los contratos de entidades del Gobierno con los sindicatos superan los $ 618.000 millones.

“Hace poco SENA dio un contrato de 178 millones de pesos por arrendamiento a la Subdirectiva Cauca de la CUT. ¿No hay conflicto de intereses con su miembro de junta? ¿La CUT tiene la única propiedad en Cauca que funciona?”, se preguntó Santos.

Añadió el ciudadano que “a finales de 2022 el Ministerio de Trabajo firmó convenios con la CUT, CGT y CTC, cada uno por más de 147 millones de pesos. Todos para hacer actualizaciones a líderes sindicales. ¿La actualización de líderes sindicales no es una actividad propia de los sindicatos?”.