El impactante caso de la niña secuestrada y asesinada en Candelaria (Valle) generó un debate de marca mayor en el país, no solo por el aumento de delitos graves contra menores de edad, sino alrededor de la eficacia de la ley y las instituciones para proteger a los infantes y adolescentes.

“No hay dolor más grande que este. No hay otra forma de parar la violencia contra los niños, niñas y adolescentes, si no sumamos entre todos en la lucha de la sociedad civil, las estrategias y los recursos del Estado; la unión de países garantes de derechos y, por supuesto, las acciones protectoras desde el barrio, la vereda y las familias”, señaló la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres.

El pronunciamiento de la funcionaria se hizo precisamente cuando instalaba, el jueves pasado, el encuentro preparatorio de la Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a las violencias contra la niñez, que tendrá sede en Bogotá.

Hay varios debates en torno a este y otros dramáticos casos. Por ejemplo: ¿Cómo es posible que el confeso asesino de la niña en Valle estuviera libre porque se vencieron los términos dentro de otro proceso en donde era investigado también por el presunto abuso sexual a una menor? ¿No representaba acaso un evidente peligro para la sociedad y, sobre todo, la niñez, cuyos derechos son prevalentes?

En segundo término, este asesinato, que se suma a otros 375 registrados entre enero y agosto del año en curso, se presenta días después de que se radicara en el Congreso un controvertido proyecto de reforma al Código Penal que, entre otras cosas, abre la posibilidad de rebajas de penas y otros alivios penitenciarios a culpables de delitos graves contra menores de edad. El crimen en Candelaria avivó la discusión alrededor de la iniciativa.