La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), mecanismo que regula las transferencias de recursos de los ingresos corrientes de la Nación a los departamentos y municipios, sigue generando alertas, pese a que a la iniciativa solo le falta un debate para ser aprobada en el Congreso. De hecho, ayer recibió visto bueno en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y le resta el octavo y último visto bueno en la plenaria.

El acto legislativo avanza pese a que el Comité Autónomo de Regla Fiscal, centros de estudios económicos especializados como ANIF y Fedesarrollo, exministros, academia y hasta el Banco de la República han advertido del grave impacto que la iniciativa tendría sobre la sostenibilidad fiscal, el déficit e incluso el monto de la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB).

De hecho, ayer se conoció un documento del equipo económico del Emisor, cuyo gerente es Leonardo Villar, en el que los expertos advierten que tal como está planteada la reforma constitucional pondría mayor presión y riesgo en cuanto al cumplimiento de la Regla Fiscal y la sostenibilidad de las finanzas del Gobierno Nacional Central.

En el documento del equipo económico del Banco se advierte que “el aumento de la deuda resultaría en incrementos en los costos de financiamiento de la economía y tendría impactos negativos significativos sobre la capacidad productiva de la economía. El aumento en el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública es aún mayor si se tiene en cuenta la incertidumbre sobre los ingresos fiscales a futuro y que la economía es vulnerable a choques adversos”.

Aunque este nuevo campanazo se produce cuando la reforma todavía puede ser corregida, la rapidez con que el proyecto avanza en el Congreso no permite ser muy optimista en torno a que el articulado se ajuste en el último debate en la plenaria de la Cámara.