A propósito del debate de la última semana sobre cuántas curules habría que darle a las Farc en caso de que se concrete el proceso de paz, varios analistas indicaron que el Gobierno nunca se ha comprometido sobre este asunto y que lo máximo que ha dicho es que deben crearse los marcos normativos y escenarios que hagan posible la participación de esa guerrilla, desmovilizada, en política.
¿A cuál de los candidatos le conviene el aplazamiento de la fecha para la elección del Fiscal General de la Nación en la sala plena de la Corte Suprema de Justicia? Esa era la pregunta en los pasillos del Palacio de Justicia esta semana. Para algunos juristas y observadores, estando el exministro Néstor Humberto Martínez a tan solo dos votos de alcanzar los 16 apoyos, que es la mayoría calificada para ser elegido jefe del ente acusador, toda dilación va en contra de sus posibilidades.
En el alto Gobierno hay certeza en torno a que la Corte Constitucional no va a tumbar la ley de aprobatoria del plebiscito y que, por el contrario, la posibilidad de que la norma reciba el visto nuevo antes de dos semanas es muy probable.
Desde la semana pasada circulan varias versiones en torno al proceso de paz entre el Gobierno y el Eln. Una de ellas señala que los países garantes y facilitadores ya vienen adelantando una labor de mediación entre las partes, sobre todo para destrabar la instalación de la Mesa, que estaba programada para este mes en Quito.
Si llegara a concretarse la resurrección política de la exsenadora Piedad Córdoba, su nombre entraría a competir como posible candidata del movimiento político que surja de unas Farc desmovilizadas, ya sea en elecciones abiertas o dentro de un eventual listado que se le pida a esa organización- ya desarmada- para asumir curules automáticas en el Congreso.
La encuesta semanal de Yanhaas indagó sobre qué opinaban los colombianos frente a la advertencia que hiciera días atrás el presidente Santos cuando dijo que tenía información de inteligencia de que las Farc “están preparadas para volver a la guerra, y a la guerra urbana si no se firman los acuerdos de paz”.
Una vez sea firmado el acuerdo final entre el Gobierno y las Farc, en La Habana, la cúpula guerrillera deberá llevar el pacto a criterio de la máxima instancia de aprobación de las políticas de largo plazo de la organización insurgente. Para ello se citará a la “Décima Conferencia”, en la que los plenos del Secretariado y del ‘estado mayor’ de las Farc revisarán el acuerdo firmado con el Gobierno.
Tras la firma del acuerdo sobre la mecánica del cese el fuego con las Farc y el desarme subversivo, los analistas políticos empezaron a hacer cábalas sobre cómo quedaba el tablero de las candidaturas presidenciales para 2018. Es claro que las posibilidades del hoy jefe negociador Humberto de la Calle Lombana crecieron para ser la carta que finalmente se terminen jugando La U o los liberales.
Tras el anuncio del Gobierno sobre la mecánica del cese el fuego y el desarme, han sido múltiples las reacciones. Un excomisionado de Paz le indicó a un periodista de EL NUEVO SIGLO que hace muchos años, en uno de los intentos de diálogo y negociación con esta guerrilla, se alcanzó a tenerse un borrador sobre un cese el fuego “localizado y verificable” entre las partes que resultó ser muy similar al revelado el jueves en La Habana.
Muy preocupados se encuentran en el gremio minero-energético por las últimas decisiones de las altas Cortes judiciales que afectan a esa actividad que, con crisis de precios a bordo, continúa siendo una de las principales fuentes de impuestos y divisas. Por lo mismo, le pedirán al Gobierno una cumbre al más alto nivel con el Presidente, ministros, directores de agencia y organismos de control y superintendentes.
El proyecto de ley que pretendía reglamentar el funcionamiento de plataformas tecnológicas tipo Uber se hundió en el Congreso pues no fue debatido. Se sabe que los impulsores de la iniciativa lo piensan volver a presentar en la próxima legislatura.