En las toldas del Partido Conservador se comienzan a preguntar en dónde quedó toda la plataforma de proyectos que en el cónclave de la colectividad, realizado en San Andrés, a finales del año pasado, se había anunciado con bombos y platillos para ser radicada tan pronto comenzara el segundo tramo de la legislatura.

En los pasillos del Concejo de Bogotá no hay semana en la que esté ausente el tema de la inminencia de acciones de la Fiscalía contra los cabildantes y excabildantes mencionados en el escándalo del carrusel de la contratación. Sin embargo, pese a que desde hace varios meses se insiste en que a varios de los investigados se les resolvería la situación jurídica, al final de cuentas pasan los meses sin que el proceso se mueva.

En los pasillos de la Corte Constitucional circulan múltiples hipótesis. Por ejemplo, se dice que el escándalo que comenzó con el caso Pretelt pero que ahora tiene en la lupa a los otros ocho magistrados tendrá un coletazo muy perjudicial para los actuales magistrados auxiliares y sustanciadores de los juristas.

En los pasillos del Congreso se advierte ya la urgencia de varios parlamentarios de la Unidad Nacional para que el Ministerio de Trabajo envíe rápidamente el proyecto que busca revivir el pago completo de horas extras y recargos dominicales, una promesa de campaña del presidenteSantos. El titular de la cartera laboral, Luis Eduardo Garzón, había dicho que la iniciativa sería radicada en este segundo tramo de la legislatura, previo consenso de los alcances de la iniciativa con empresarios, sindicatos y otros sectores.

“Veamos a quién los Estados Unidos terminan enviando primero a Colombia: si a ‘Simón Trinidad’ o el exministro Andrés Felipe Arias”. Esa fue la frase que dejó escapar el viernes de la semana pasada un senador uribista, cuando dialogaba informalmente con un periodista. Como se sabe, mientras que tanto el Gobierno como las Farc consideran que es necesario que el extraditado cabecilla guerrillero pueda ser liberado (cumple una condena a 60 años en una cárcel de E.U.

Llamó la atención que el tema del alcalde Petro volviera a moverse justo esta semana, por cuenta, de un lado, de la decisión del Consejo de Estado, que mantuvo las medidas cautelares que le permiten al mandatario seguir en el cargo hasta que se resuelva de fondo la demanda de nulidad contra el fallo de destitución impartido por la Procuraduría y, de otra parte, la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó a la Registraduría activar de nuevo la logística para llamar a las urnas a los bogotanos para decidir si revo

A más de un analista le quedó sonando una afirmación que hiciera el registrador nacional Carlos Ariel Sánchez durante una entrevista a un programa televisivo que dirige el periodista y exsenador Juan Lozano.

Tras el crítico escenario al que se enfrenta el magistrado Jorge Ignacio Pretelt, cuestionado por un presunto caso de intento de soborno en la Corte Constitucional, así como por otras denuncias en su contra, hay varias hipótesis que, aunque no se mencionan públicamente, sí circulan con insistencia en los corrillos políticos y jurídicos, no solo en Bogotá sino en las regiones.

En la Vicepresidencia de la República ya empiezan a ver mejor el panorama de las Alianzas Público Privadas (APP), cuya lentitud en la aprobación generó un choque semanas atrás con el Ministerio de Hacienda. En ese entonces, sólo una tenía ya el visto bueno, mientras que decenas cumplían un proceso bastante complejo.

En el arranque de las sesiones ordinarias, una vez más están sobre la mesa debates que llevan varios años o capítulos en el Congreso sin ser resueltos de manera definitiva. El menú es bastante amplio.

En medio de tanto escándalo en la justicia y debate por la paz,  ya nadie se acordaba de la urgencia de encontrarle sedes a la Auditoría y a la Contraloría. Pues bien, la primera entidad anunció que a partir de junio el nivel central de la entidad trasladará su sede, en calidad de arrendamiento, pagando un canon de 182 millones de pesos mensuales, incluido IVA, ahorrando cada mes 26 millones de pesos en relación con la actual sede en Gran Estación.

Dicen que el Gobierno quiere ‘meter la paz hasta en la sopa’. Y eso está bien, dado que acabar la guerra es, de lejos, el objetivo prioritario para todos los colombianos. Pues bien, una muestra de cómo el presidente Santos ve en todos los flancos una ventana para hablar del tema se dio el pasado jueves en la inauguración de55° Festival Internacional de Cine de Cartagena.