Arranca mañana el año político y, de entrada, el Gobierno tiene dos tareas urgentes. De un lado, buscar mecanismos para tender un nuevo puente de entendimiento con las altas Cortes judiciales, luego de que en diciembre prácticamente todos los canales quedaron rotos por cuenta del inconformismo de los máximos tribunales con el proyecto de reforma a la Justicia que viene tramitando el Congreso y que logró superar los primeros cuatro debates de los ocho que requiere por tratarse de un acto legislativo. Tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado y una de las Salas del Consejo Superior de la Judicatura se retiraron de los debates en Senado y Cámara de Representantes.

Agenda prioritaria (II)

Aunque el presidente Santos dijo que el proyecto no atentaba contra la autonomía judicial y defendió varios de sus artículos centrales, como el de la descongestión, lo cierto es que el Gobierno sabe que no tendría presentación sacar una reforma a la Justicia a espaldas de las Cortes. Por lo mismo, ya instruyó al ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra Portocarrero para que, cuando termine la vacancia judicial y los magistrados vuelven a labores, pacte reuniones de análisis con los juristas y trate de convencerlos de volver a los debates en el Congreso, más aún luego de que la idea de la Cámara de crear una especie ‘súper Corte’ que asumiera la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios aforados fue sepultada en la conciliación con el Senado.

Agenda prioritaria (III)

Otro de los temas inmediatos en la agenda gubernamental tiene que ver con la reforma a la Educación, proyecto que tuvo que ser retirado del Congreso meses atrás cuando la parálisis en más de una treintena de universidades públicas amenazaba con obligar a la cancelación del semestre académico a miles de estudiantes. Incluso ya la semana pasada los voceros de la Mesa Nacional Estudiantil Ampliada (MANE) se quejaban de que la etapa de concertación del nuevo articulado no ha empezado como se había prometido cuando la iniciativa de reforma fue retirada del Parlamento por directriz de la Casa de Nariño.

Honda preocupación (I)

Lo que más preocupó al Gobierno por el ‘paro armado’ que la banda criminal “Los Urabeños’ presionó la semana pasada en el Urabá antioqueño y otras regiones fue el grado de temor que los panfletos causaron entre la población de casi una decena de municipios y que se afectara el transporte público en Santa Marta. Por lo mismo, el presidente Santos decidió que iría de inmediato a la Costa y que allí lanzaría un desafío de gran calado a los cabecillas de esa organización delincuencial. El viernes cumplió la palabra y en Santa Marta no sólo aumentó la recompensa por los jefes de “Los Urabeños” sino que dio la orden a la Policía y al Ejército de presentarle resultados en su contra lo más pronto posible.

Honda preocupación (II)

Según fuentes de Inteligencia policial, la posibilidad de que llegue información sobre el paradero de los jefes de la banda criminal es “muy factible”, pues otras, especialmente ‘Los Rastrojos’, siempre aprovechan estas coyunturas para ‘sapear’ a sus rivales y luego entrar a pelear por el territorio que éstos dejan libre. También se apunta a que escoltas y conductores de los cabecillas buscados se dejen tentar por las millonarias recompensas y delaten su paradero.