Graves denuncias hizo ayer el gobernador de Antioquia sobre el confuso episodio del martes pasado, con la captura de varios cabecillas de las disidencias de las Farc que se movilizaban en camionetas de la Unidad Nacional de Protección dispuestas para la seguridad de cabecillas de esos grupos que integran la mesa de negociación con el Gobierno. “Preocupante: mientras algunos alcaldes antioqueños están amenazados y sin protección de la UNP, un grupo de criminales con orden de captura, armados y con millonarias sumas de dinero en efectivo, reciben contemplaciones con los recursos de los colombianos”, señaló Rendón. Agregó que “… en la caravana de las disidencias viajaba un menor de edad… Fue reclutado desde que tenía 12 años e instrumentalizado por el Frente 36. El menor fue remitido a la Inspección de Permanencia de Bello y después al ICBF… El reclutamiento es un delito, es un crimen de guerra. Suficiente razón para desmontar ese engañoso cese al fuego”.