En Panamá la crisis política entre el gobierno del presidente Ricardo Martinelli y la oposición, que tiene mucho peso en el Congreso, viene haciendo cada vez más importante el caso de la ex directora del DAS colombiano María del Pilar Hurtado, asilada el año pasado en ese país y que ahora es pedida en extradición por la Justicia colombiana en el marco de la investigación por el escándalo de las chuzadas. Martinelli ha tratado de tomar distancia del caso y llegó a señalar como responsable a su vicepresidente Juan Carlos Varela, con el que tiene una pelea casada desde el año pasado, cuando incluso lo destituyó del cargo de Canciller.

Burocracia de víctimas
En altas fuentes gubernamentales hay preocupación porque algunos gobernadores y alcaldes recién posesionados anunciaron que crearán una serie de cargos e instancias administrativas para manejar todo lo relativo a la reparación a las víctimas de la violencia. Si bien es cierto que es encomiable el interés demostrado por dichos mandatarios para que quienes viven bajo su jurisdicción puedan beneficiarse de las indemnizaciones económicas y los procesos de restitución de tierras a desplazados, lo que no quiere el alto Gobierno es que a su amparo se cree una burocracia departamental y municipal innecesaria, pues la Ley de Víctimas prevé ya una institucionalidad suficiente para implementar todos sus mandatos de forma rápida y eficiente.

Desarme de antaño
Tras el debate abierto por el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, sobre la prohibición del porte de armas aun con salvoconducto, un veterano parlamentario del Polo recordó que años atrás fue el entonces mandatario capitalino Luis Eduardo Garzón uno de los más activos impulsores de un proyecto de consulta popular que también buscaba el desarme de la población. Para ello recogieron centenares de miles de firmas, pero la intención nunca llegó a las urnas. Al lado de Garzón estuvieron los alcaldes de las principales ciudades del país y entonces también se desató un tire y afloje sobre si era lógico desarmar a quienes estaban autorizados por las autoridades, mientras los delincuentes seguían campantes.

Unidad Nacional (I)
Varios congresistas ya entraron en contacto con algunos de sus colegas con el fin de proponerles que en la primera reunión este año de la coalición de Unidad Nacional con el presidente Juan Manuel Santos, le pregunten de qué forma el incremento en materia de recaudo tributario en 2012 podría servir como un elemento objetivo para que el Ejecutivo no tenga que presentar este año al Parlamento un proyecto de reforma tributaria. Según algunos congresistas, el superávit en materia de recaudo de impuestos supera con creces la expectativa que tiene el Gobierno sobre lo que recibiría en caso de aplicar y aprobar el cambio en el sistema impositivo.

Unidad Nacional (II)
Y hablando de la Unidad Nacional, se sabe que el presidente Santos tiene previsto convocar a los jefes de los Partidos en la segunda quincena de enero para evaluar las prioridades políticas y legislativas de este año. Sin duda alguna, las discusiones girarán sobre temas complejos como las proyectadas reformas a los regímenes pensional y de educación superior, que desde ya aparecen como las papas calientes en el Congreso, al lado de iniciativas en trámite como la reforma al sistema judicial. También habrá un repaso de las agendas legislativas de los propios Partidos y si los distintos proyectos reciben la ‘bendición’ de la coalición santista.