En los pasillos de la Corte Constitucional se asegura que las reacciones contra el fallo que autorizó la adopción por parte de parejas compuestas por personas del mismo sexo se están desbordando, como se ha evidenciado  en las redes sociales en donde las críticas, insultos y acusaciones infundadas a los magistrados son bastantes agresivas. A ello se suma que distintos sectores han anunciado sendas denuncias contra los togados, sindicándolos de incurrir en delitos como prevaricato y extralimitación de funciones, bajo la tesis de que el tema de la adopción gay debió ser definido exclusivamente por el Congreso y no por el alto tribunal.  Los magistrados no han querido replicar pues saben que si lo hacen y llega a progresar el referendo que algunos sectores piensan impulsar para que sea la ciudadanía la que defina en las urnas sobre la adopción gay, cualquier pronunciamiento podría inhabilitarlos si el mecanismo de participación popular consigue las firmas y es aprobado por el Congreso, llegando así al alto tribunal para su respectiva revisión de exequibilidad. 

Corte en la mira (II)

Pero los promotores del referendo sobre la adopción gay van más allá. Según conoció EL NUEVO SIGLO, se están analizando fórmulas jurídicas que permitan solicitar que los magistrados que participaron del fallo sobre la adopción gay  se aparten del análisis de exequibilidad de un eventual referendo sobre el tema. “…Sabemos que es difícil pero nos resulta claro que los magistrados que participaron de este fallo, ya sean los que votaron mayoritariamente a su favor o  el bloque minoritario que se opuso, tienen un concepto preconcebido sobre el tema y no creemos que ese sea un escenario neutral para analizar la procedencia al referendo, más aún cuando se escuchan voces que dicen que la Corte iría más allá del estricto examen  a la forma del proyecto de convocatoria y abocaría el análisis del fondo del mismo”, dijo una fuente muy cercana a este proceso que pidió la reserva de su identidad. De llegar a progresar esta posibilidad, tendría que nombrarse a ocho magistrados ad hoc y apenas el recién elegido Alejandro Linares quedaría habilitado.

¿Normas laxas?

Un nuevo flanco empieza a abrirse en la controversia alrededor del aumento de las tarifas de energía para ayudar a solventar el hueco financiero de las empresas de generación térmica. Según conoció este diario se busca establecer la veracidad  de versiones que están circulando en torno de que las inversiones para ampliar el parque de generación energética habría tenido un margen de acción supremamente amplio y que ello fue lo que permitió que algunos de los recursos, no se desviaran, sino que fueran utilizados en asuntos  no prioritarios, como gastos administrativos no productivos, de nómina, de pólizas de seguro y de respaldo de créditos sindicados adquiridos por los consorcios dueños de las térmicas. “Aquí se está poniendo la lupa sobre el Ministerio (de Minas) y la Superintendencia (de Servicios Públicos), pero no se ha esculcado a fondo la normatividad, y qué tan permisiva fue para dar pie a que primara el criterio subjetivo en el tipo y objetivo de las inversiones con el cargo de confiabilidad”, dijo un experto en el tema.