En altas fuentes policiales se conoció que hay interés en adecuar la legislación sobre la incautación de maquinarias utilizadas para minería ilegal, como las dragas. En varios países andinos, cuando decomisan estas máquinas, que por su peso y dificultad para desmontarlas son muy difíciles de trasladar a centros urbanos, la ley permite a la Fuerza Pública destruirlas, ya sea prendiéndoles fuego o incluso utilizando material explosivo. En Colombia eso no es posible, y esa situación dificulta las operaciones contra la minería ilegal, pues las dragas decomisadas tienen que quedar vigiladas para evitar que los ilegales vuelvan a utilizarlas. La idea de la Policía sería pedir autorización para destruirlas en el lugar de la incautación y no ‘encartarse’ con maquinaria que difícilmente puede tener otro uso o su movilización es muy costosa.

Descuento por Pico y Placa
Un grupo de juristas lleva varios meses estudiando las bases jurídicas de una demanda ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con el fin de exigir que el impuesto de vehículos que se cobra en la Capital del país y otros tributos o contribuciones especiales relacionadas con temas de movilidad vial (como la sobretasa a la gasolina) sean reducidos por cuenta de que el tráfico de automotores particulares está prohibido 28 horas a la semana para cada número de terminación de la placa. La demanda ha sido confeccionada con jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre obligaciones y deberes del Estado y la filosofía de los servicios a cargo de las entidades oficiales y cómo se puede cobrar o no por ellos.  

¿Gabela a ‘bacrim’?
Aunque el Gobierno insiste en que no impulsará ninguna legislación especial para facilitar la desactivación de las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (‘bacrim’) y que éstas deben someterse a la Justicia, en el Congreso se abriría paso una propuesta para que el proyecto de Marco Legal para la Paz, que lleva meses en discusión, contemple una medida extraordinaria y de aplicación por única vez para que estas organizaciones delincuenciales se desarmen y entreguen a la Fiscalía.