En los pasillos de la Procuraduría se asegura que en menos de dos semanas el jefe del Ministerio Público emitirá su fallo definitivo sobre el proceso disciplinario contra el suspendido y ahora preso alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. El procurador Alejandro Ordóñez tiene hasta los primeros días de noviembre para dar a conocer su dictamen, sin embargo, se insiste en que lo hará antes y así tener suficiente tiempo para resolver una segura apelación de la defensa del suspendido burgomaestre, claro en caso de que el fallo sea sancionatorio, como se presume en la mayoría de los corrillos judiciales.
Dosis de polémica (II)
Como era de prever, la propuesta del Partido Verde para despenalizar el porte y consumo de la dosis mínima de estupefacientes ya empezó a generar fisuras en la coalición de Unidad Nacional. Se sabe que buena parte de las bancadas de los partidos de La U y Conservador se oponen a echar para atrás la reforma constitucional que en diciembre de 2009, tras una fuerte presión del gobierno Uribe, reformó el artículo 49 de la Carta Política y dejó sin efecto la sentencia C-221 de 1994 de la Corte Constitucional, con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria, que determinó que el consumo de estupefacientes hacía parte del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad.
Dosis de polémica (III)
El acto legislativo 02 de 2009 establece puntualmente que “el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas está prohibido, salvo prescripción médica. Con fines preventivos y rehabilitadores la ley establecerá medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico para las personas que consuman dichas sustancias. El sometimiento a esas medidas y tratamientos requiere el consentimiento informado del adicto”. Aunque esta reforma fue demandada, la Corte, mediante sentencia C-574 de 2011, se declaró inhibida de pronunciarse, dejando en firme, entonces, la prohibición.
Dosis de polémica (IV)
El problema ha sido que la reglamentación de la prohibición, es decir, la ley que debe establecer cómo tratar al drogadicto no ha sido expedida, pues la que radicó el gobierno Uribe el año pasado se hundió. Semanas atrás el senador de La U, Juan Carlos Vélez, decidió impulsarla de nuevo pues hay un limbo jurídico en torno de qué deben hacer las autoridades cuando encuentran a una persona con esta dosis mínima de droga, si procede su detención precautelativa, la incautación de los estupefacientes y cuál es el procedimiento médico para establecer si se trata de persona con una adicción que requiere, si lo consiente, tratamiento de rehabilitación. Lo que es claro, y así lo ratificó la Corte Suprema de Justicia hace poco, es que el porte está prohibido pero no es un delito.
Dosis de polémica (V)
El senador del Partido Verde, Jorge Londoño, no está de acuerdo con ese proyecto de reglamentar cómo aplicar ese prohibición de la dosis mínima, sino que quiere una reforma constitucional que retorne a la situación que rigió entre 1994 y 2009, es decir, cuando era legal portar la cantidad de estupefacientes de consumo personal. Se trata, entonces, de un choque frontal en el interior de la coalición de Unidad Nacional. Y lo más seguro es que cuando el tema sea tratado en la Casa de Nariño pase lo mismo que ocurrió con la propuesta del conservatismo de penalizar totalmente al aborto: que el presidente Santos diga que por una cuestión que toca posiciones éticas y morales, no habrá directriz general para votar a favor o en contra, sino que cada parlamentario decida acorde con su posición personal.