NO LO AJUSTARÁN. Uno de los ponentes del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2025 le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que no cree que el Gobierno acepte rebajar del monto total (523 billones de pesos) una partida por 12 billones de pesos, tal y como lo sugirieron varios parlamentarios en el inicio del debate el miércoles pasado en las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara. “… No creo que el Gobierno acepte rebajar el monto en 12 billones, ya que eso implicaría que estaría resignando de forma anticipada la posibilidad de que el Congreso le apruebe luego la anunciada reforma de reactivación económica con la que aspira cubrir ese déficit… Si se rebajan en la ley Presupuesto esos doce billones, no creo que tenga chance alguno esa nueva reforma tributaria”, indicó.

INVERSIONES FORZOSAS. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, es uno de los dirigentes gremiales más críticos de la propuesta gubernamental de imponer, en un nuevo proyecto de reforma tributaria, inversiones forzosas del sector financiero en determinados sectores productivos con el fin de empujar la reactivación económica. Cabal indicó que hay mecanismos ya probados en crisis financieras, como la de finales de los 90 o la de la pandemia del covid en 2020, que han permitido reactivar el aparato productivo. Planteó medidas alternativas como subsidiar tasas de interés a algunos sectores, irrigar recursos a la banca privada a través del Banco Agrario, o capitalizar el Fondo Nacional de Garantías, ofreciendo garantías hasta del 90% para que la banca preste a sectores riesgosos de manera más fácil.

REFORMA EN CIERNES. Una vez el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, superó, el miércoles pasado, el debate de moción de censura en la plenaria de la Cámara, se espera que en próximos días llegue al Congreso el anunciado proyecto de reforma a ley 142 de 1994 o de Servicios Públicos. La iniciativa tendrá seis ejes temáticos: justicia tarifaria; universalización en la prestación del servicio; el usuario como el centro de la regulación; fortalecimiento institucional y gobernanza; focalización de subsidios y participación comunitaria en la prestación del servicio.​ Ya gremios como Andesco han advertido que no se ha avanzado de forma sustancial en la concertación del proyecto, en tanto que en el Congreso varias bancadas independientes y de oposición advierten que no permitirán que esta reforma se convierta en una nueva cruzada contra la participación del capital privado en la prestación de servicios públicos, como ya ocurrió con la ley pensional y se trató de implantar con la de salud, que se hundió en el primer semestre pero el Gobierno la presentará de nuevo en semanas próximas.

CIFRAS A TENER EN CUENTA. El principal sustento del proyecto de reforma será un diagnóstico sobre las deficiencias en la prestación de servicios públicos que hizo el Departamento Nacional de Planeación. Las cifras impactan: Colombia tiene 12,8 millones de personas sin acceso al servicio de acueducto con calidad, de las cuales 3,2 millones no cuentan con agua potable. De igual manera, en energía eléctrica aunque el sector reportó un aumento en la cobertura que alcanzó el 94,9%, cerca de 818 mil viviendas (que albergan a casi cuatro millones de personas) no cuentan con este servicio, principalmente en las regiones más vulnerables.