Los rumores en los corrillos políticos se extienden como pólvora. El fin de semana pasado, por ejemplo, se indicó en fuentes allegadas a la Casa de Nariño que el presidente Santos ya tenía casi lista la terna de candidatos que presentará a la Corte Suprema de Justicia para que elija al Fiscal General. También se indicó que, de la misma, harían parte no una sino dos mujeres. Y, en tercer lugar, se afirmó que la remisión de la baraja de postulados se haría en cuestión de horas, una vez el alto tribunal dé por aceptada la renuncia de Viviane Morales y comunique a la Presidencia de la República que requiere la confección de la terna.

Personalmente
Pero los rumores no terminaron allí. Se dijo en fuentes palaciegas que para evidenciar la urgencia que tiene el Gobierno de que la interinidad en la Fiscalía sea lo más corta posible, el propio Santos iría personalmente a la Secretaría de la Corte a radicar el oficio con la respectiva terna, en compañía del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y la Secretaria Jurídica de la Casa de Nariño. El único antecedente de esta diligencia presidencial fue la radicación ante el Congreso del proyecto de reparación a las víctimas de la violencia, hecho que le dio un singular significado político a esa iniciativa, sin duda la principal bandera gubernamental.

Ojo a comisiones
A propósito de lo publicado ayer en esta sección respecto al panorama para la elección de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes que sucederán a Juan Manuel Corzo y Simón Gaviria a partir del 20 de julio próximo, un parlamentario liberal indicó que si bien hay acuerdos en el interior de la Unidad Nacional respecto a la rotación en las directivas de ambas cámaras legislativas, La U, como partido mayoritario y al que le corresponden los dos cargos en cuestión, debe garantizar que se cumplan también los pactos en nivel de comisiones, en donde parece existir algún caso concreto de conato de ‘rebelión’.

Pulso laboral (I)
Como era apenas previsible, el Polo alista un debate sobre las cifras de empleo del Gobierno. Asesores de varios parlamentarios de esa colectividad recaban información que estaría dirigida a desconfiar de la reducción del número de personas sin trabajo, poniendo en duda, principalmente, algunas interpretaciones estadísticas sobre lo que significa estar empleado o subempleado. Igual pedirán más claridad sobre el proceso que adelanta el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, para establecer cuántas personas hay empleadas, bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios, en las nóminas nacionales, departamentales y municipales.

Pulso laboral (II)
La tarea que adelanta el Ministerio de Trabajo no sólo interesa al Polo sino a otros congresistas para los cuales es necesario establecer cuál será el impacto que sobre los presupuestos de entidades de orden nacional, regional o local tendrá la “formalización” de decenas de miles de empleados temporales o provisionales, y cómo encajará dicho proceso con las leyes y jurisprudencia constitucional que establecen como obligatorio el régimen de carrera administrativa y los concursos de meritocracia para suplir las vacantes que se generen en la nómina oficial.