El proyecto de autorreforma que presentó la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, y que incluye la polémica propuesta de que los congresistas sólo puedan ser capturados cuando tengan sentencia ejecutoriada en su contra, no cayó muy bien en las distintas bancadas. “… No entiendo para qué están los partidos si los parlamentarios pueden sacar del sombrero cualquier propuesta legislativa, sin tener en cuenta que no sólo se está jugando el nombre individual de cada uno de ellos, sino la imagen de la colectividad que representan”, precisó un senador ayer.  

¿Micos legislativos? (II)
El de la Comisión de Investigación es el tercer proyecto radicado en esta legislatura para evitar o trabar la acción de la justicia sobre los congresistas. El primero fue el radicado por el presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien presentó una iniciativa para revivir la inmunidad parlamentaria, de forma tal que cuando la Corte Suprema de Justicia dictara una orden de captura contra algún congresista, la respectiva plenaria debía evaluar la motivación de la medida de aseguramiento y decidir si levantaba el fuero respectivo. Fue tal la controversia al respecto, que a Corzo no le quedó alternativa distinta a retirar la iniciativa, más aún después de que el Gobierno mostró su oposición a la idea.

¿Micos legislativos? (III)
Pero los intentos para ‘blindar’ a los congresistas de las investigaciones judiciales no quedaron ahí. Días atrás se radicó un proyecto de ley que busca quitarle a la Procuraduría General la facultad de suspender, inhabilitar y destituir a los senadores y representantes. Según sus impulsores, la jurisdicción disciplinaria sobre los congresistas es exclusiva del Consejo de Estado, único órgano que mediante un fallo de pérdida de investidura está facultado para separar definitivamente a un congresista de su curul. Obviamente, es claro que la idea aquí es ‘blindarse’ ante las investigaciones del procurador Ordóñez que ha destituido a senadoras como Piedad Córdoba y Amparo Arbeláez, igual a varios ex parlamentarios por parapolítica y tiene en la mira a Iván Moreno y otros padres de la Patria por distintos casos de corrupción.

¿Micos legislativos? (IV)
Así las cosas, significa que en menos de un mes y 6 días, después de que la legislatura arrancó el 20 de julio, ya son tres las iniciativas que se han presentado para ‘blindar’ a los parlamentarios de la acción de la justicia. ¿Coincidencia? Difícilmente creer que sólo sea cuestión del azar lo que está ocurriendo, y menos aún porque detrás de cada proyecto había firmas de congresistas de distintos partidos, que incluso terminaron siendo desautorizadas por los voceros de la mismas o sus jefes partidistas cuando se formaron las polémicas.

¿Micos legislativos? (V)
Queda en evidencia que el Gobierno no tiene una coordinación suficiente de la iniciativa legislativa de los partidos de la Unidad Nacional, cuyos parlamentarios van presentando de manera aislada proyectos muy controvertidos, que incluso obligan a que el Ejecutivo tenga que anunciar la oposición a los mismos. Pero la Casa de Nariño también ha buscado ‘darle una mano’ a los parlamentarios. Por ejemplo, propuso en su proyecto de reforma a la justicia quitarle a la Corte Suprema de Justicia la facultad para investigar y acusar a los congresistas, dejando esa función en manos de la Fiscalía, cuya titular, Vivianne Morales, ya dijo que no tiene recursos para cumplir esa función.