Muy convulso continúa el escenario político en Venezuela por cuenta de las acciones represivas de la dictadura chavista para no reconocer que Nicolás Maduro perdió los comicios presidenciales del pasado 28 de julio y, por lo tanto, debería prepararse para salir del poder en enero próximo y que asuma el líder opositor, y para muchos gobiernos, presidente electo Edmundo González.

De allí la importancia de que el Centro Carter, una de las instancias de veeduría electoral más importantes del mundo, presentara el miércoles ante la OEA las “actas originales” de los comicios presidenciales que demuestran la derrota en toda la línea del cuestionado mandatario chavista y el triunfo de sus contradictores.

En dichas actas queda claro que la diferencia entre los candidatos fue amplia y que los resultados que presentó el Consejo Nacional Electoral y luego la decisión del Tribunal Supremo de Justicia a favor de Maduro y su proclamación no corresponden a la realidad.

Precisamente, para evitar cualquier ‘normalización’ del fraude electoral la oposición rechazó esta semana el llamado que hiciera la cabeza de la Asamblea Nacional, de corte chavista, para que se reforme la legislación electoral.

Es claro que la invitación a un “diálogo político” que hizo el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, busca poner al país a pensar hacia adelante y no en la insistencia, legítima y vigente, de la oposición y la comunidad internacional para que la satrapía acepte el verdadero dictamen de las urnas que señaló a González como el ganador por amplio margen.

Las colectividades que hacen parte de la Mesa de Unidad Democrática deben evitar a toda costa caer en la trampa que está tendiendo el régimen. La cohesión alrededor de exigir el reconocimiento de la victoria del presidente electo González −hoy asilado en España−, así como de respaldar a toda costa a la valiente líder María Corina Machado no puede romperse ni dejarse dividir por las maniobras de la dictadura.

Por el contrario, hay que insistir en la denuncia internacional de la ola de represión violenta que continúan perpetrando las Fuerzas Armadas y organismos de seguridad chavistas, así como una Fiscalía y un poder judicial absolutamente cooptado por el régimen. Las capturas y redadas ilegales, el encarcelamiento sin fórmula de juicio de miles de personas, la desaparición de centenares más, así como las amenazas y hostigamientos a la ciudadanía que no se resigna al fraude electoral constituyen una violación de derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional aún no toma ninguna acción contundente sobre Maduro y compañía.