Las de los ‘quemados’

No hay mucha expectativa en el Congreso alrededor de la posibilidad de que en estos escasos tres meses que restan de la legislatura se pueda adelantar algún tipo de reforma al sistema político y electoral. Sin embargo, es claro que las deficiencias en este fueron el principal tema de la quejas en los dos primeros días de reanudación de las laborales parlamentarias. Tanto en la sesión del martes como en la de ayer, muchos de los senadores y representantes que se ‘quemaron’ en las elecciones del 11 de marzo, exteriorizaron  su alto inconformismo por temas como la lista abierta, la cifra repartidora, el umbral electoral y la deficiente legislación para castigar la compraventa de votos y la financiación irregular de campañas. La nota predominante fue la exigencia de la reforma política y electoral, incluso trayendo a colación cómo candidatos al Senado que tuvieron masa de 50, 60 y 70 mil votos terminaron sin poder reelegirse.

Farc apoya beneficios a ex Farc

La decisión del Gobierno de abrir la posibilidad, en el proyecto de sometimiento a la justicia de las bandas criminales organizadas, de que las disidencias de las Farc puedan acogerse a este esquema y llegar a obtener beneficios como rebajas de pena y hasta condiciones especiales de reclusión, tiene buen recibo en el hoy partido desmovilizado de esa exguerrilla. Según conoció EL NUEVO SIGLO, varios de los cuadros políticos de Farc habían sugerido al Ejecutivo que era necesario dejar abierta alguna puerta para que los guerrilleros que no se desmovilizaron ni entregaron sus armas tuvieran la posibilidad de acceder a beneficios, así sea solo jurídicos, porque de lo contrario las disidencias se tornarían en grupos criminales puros, generando un problema aún más grave para el orden público y la etapa del posconflicto.

‘Efecto perverso’ antidroga

Un campanazo de alerta dio el senador saliente del Centro Democrático, Alfredo Rangel, en la plenaria del pasado martes, tras advertir que los informes preliminares sobre el aumento de cultivos ilícitos en Colombia estarían indicando que la extensión habría llegado, a finales de 2017, a más de 220 mil hectáreas. Según Rangel, una de las causas podría ser la propia política de erradicación voluntaria de sembradíos ilícitos, que se estaría convirtiendo en una especie de “incentivo perverso” porque la asignación de créditos de apoyo agropecuario y otras herramientas para el desarrollo de los campesinos estaría privilegiando a quienes tienen pequeños cultivos de coca y no a los campesinos con pequeñas fincas y sembradíos legales.

Una más para el Fiscal

Y hablando de la política de erradicación de narcocultivos y el esquema jurídico que está planteando el Gobierno para no penalizar a los pequeños cultivadores, el fiscal Néstor Humberto Martínez se anotó un nuevo triunfo frente al Gobierno en este aspecto. Como se recuerda, en el segundo semestre del año pasado el ente acusador había advertido que la cesación de la persecución penal podría darse única y exclusiva sobre los pequeños cultivadores, pues de lo contrario se corría el riesgo de legalizar a grandes y medianos narcotraficantes. En este aspecto, el elemento clave era determinar la extensión máxima de los cultivos pequeños frente a los llamados “cultivos industriales”. El Ejecutivo había planteado inicialmente que no se penalizara a quienes tuvieran cocales de hasta 3,8 hectáreas, pero el martes en el proyecto de ley radicado sobre tratamiento penal diferenciado a pequeños cocaleros, ya se redujo esa gabela a solo sembradíos de hasta 1,78 hectáreas .

Estatuto de extradición en la mira

Uno de los temas clave del próximo Congreso, que se instalará el 20 de julio, será el de la extradición. Según conoció este Diario, habrá por lo menos dos proyectos de acto legislativo y de ley estatutaria planteando la reforma del estatuto respectivo, a la luz de la propia Convención de Viena. “… Estamos estudiando ese tema muy detenidamente, con el fin de generar un estatuto que no solo llene los vacíos normativos que se han detectado al respecto y que impide, por ejemplo, materializar la deportación automática de los extraditados una vez cumplen su pena allá… Con el fin de generar un acto legislativo que presentaremos después del 20 de julio”, dijo uno de los senadores electos que pidió la reserva de su nombre.