La bancada parlamentaria para la Cámara por Bogotá que fue elegida el pasado 11 de marzo y se posesionará el próximo 20 de julio, no ha entrado, en bloque, en ningún tipo de contacto con el alcalde Enrique Peñalosa, para definir una plataforma de trabajo conjunto entre el Congreso y la administración distrital. Al ser interrogado sobre por qué no se ha dado ese acercamiento, que sí han tenido otros alcaldes y gobernadores en el resto del país, uno de los nuevos parlamentarios indicó que “… es más fácil conseguir un cupo en la agenda del presidente Santos que en la del alcalde Peñalosa…”. Agregó que ni siquiera en temas regionales y en los que el Parlamento tendrá capacidad de decisión, como la modificación de la reserva Van der Hammen (hoy bajo estudio de la CAR Cundinamarca), se les consultó.

De aquello, nada… (I)

Semanas atrás los alcaldes de las ocho principales ciudades capitales le pidieron al Gobierno, la Fiscalía y el Congreso que analizaran la posibilidad de una reforma a los códigos Penal y de Procedimiento Penal con el fin de evitar que los capturados por delitos de alto impacto como robo de celulares, atracos, lesiones personales y otras infracciones regresen a las calles en cuestión de días, semanas o pocos meses, ya sea porque los jueces consideran que “no constituyen un peligro para la sociedad” o porque las penas a que podrían ser condenados son menores a los cuatro años, es decir que accederían al beneficio de excarcelación automática. Incluso se quejaron de que el porcentaje de delitos cometidos por delincuentes reincidentes ha venido creciendo de forma alarmante.

De aquello, nada… (II)

Sin embargo, para la mayoría de los alcaldes que hacen parte de Asocapitales, la petición que hicieron cayó en terreno infértil, pues si bien la Fiscalía General y una parte del Congreso son partidarios de que se reformen los códigos para evitar el alto porcentaje de excarcelaciones, en el Gobierno consideran que avanzar de forma sustancial en restringir este tipo de beneficios redundaría en que el porcentaje de hacinamiento carcelario subiría de nuevo a índices aún más críticos que los actuales. Para el Ejecutivo, eso daría al traste con todo lo realizado para la ampliación de cupos en las prisiones, lo que ha permitido que del 55% de hacinamiento que existía en 2014, ahora se haya bajado a 46%, con un sobrecupo en los penales de casi 37 mil internos.

Reforma sorpresiva

El anuncio del Ministerio de Justicia en torno a que el 20 de julio se radicaría un nuevo proyecto de reforma a la justicia tiene a varios de los presidentes de las máximas cortes entre sorprendidos e incrédulos, ya que no conocen el borrador de la iniciativa. Es más, algunos de los máximos tribunales apenas si están adelantando sus respectivos cónclaves con el fin de concretar sus propuestas para el ajuste integral a la rama judicial. Hace dos semanas, la Corte Constitucional, durante unos “retiros espirituales” en Paipa (Boyacá), analizó lo que podría ser el borrador de su propuesta de reforma a la justicia. Incluso ya el Consejo de Estado había presentado al Congreso un proyecto de ley reformando la elección del Contralor y Auditor generales, quitándoles esa facultad a las máximas cortes.

Tres cárceles en una

Y hablando del Ministerio de Justicia, causó sorpresa el anuncio que se hiciera días atrás en Mocoa el titular de esa cartera en torno a que si los entes territoriales le conseguían un predio al Gobierno, se construiría una cárcel “moderna, con estándares internacionales y capacidad para 1.000 internos”, todo con el fin de reubicar el actual penal, que tiene muchas deficiencias. Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, esa nueva cárcel, que con una extensión de 20 a 50 hectáreas podría convertirse a futuro en una colonia agrícola, tendría tres fases del sistema penitenciario, es decir que sería de mediana, baja y máxima seguridad. Sin duda una novedad en materia de prisiones.