Sí pero no…

En el alto gobierno hay posiciones divididas en torno a si debe responsabilizarse, desde ya, a la oposición del riesgo de desórdenes en el paro programado para mañana. Mientras que algunos ministros y altos funcionarios son de la tesis de señalar precautelativamente a distintos partidos e incluso dirigentes que en sus redes sociales han difundido opiniones que se consideran ‘mentirosas’ para incitar a la participación masiva en la jornada de protesta, otros son de la opinión de que no sería conveniente hacer tales señalamientos porque se estaría victimizando a los dirigentes de izquierda y dándoles una razón real para acusar al Gobierno de presuntamente estar restringiendo el ejercicio al derecho a la huelga. En lo que sí existe coincidencia entre unos y otros integrantes de la cúpula gubernamental es que el Ejecutivo debía replantear su estrategia en las redes sociales porque el pulso se lo estaba ganando la oposición y los promotores del paro, sobre todo con la tesis del presunto “paquetazo” económico en materia laboral, pensional y salarial.

Menos paisas

A propósito de un informe publicado el lunes por este Diario sobre el origen regional de los integrantes del gabinete, que tiene a los bogotanos, costeños y vallecaucanos al frente, un senador antioqueño le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… la cuota de ese departamento se ha ido disminuyendo en los últimos años, en gran parte porque toda designación de un alto funcionario de origen paisa se termina disminuyendo a la desgastada y falsa premisa política de si el escogido es cercano o lejano al expresidente Álvaro Uribe”. Agregó que, lamentablemente, la crisis del proyecto Hidroituango “…también ha jugado en contra de muchos perfiles antioqueños para poder llegar al gabinete, ya que afectó a varias de las empresas y entidades que años atrás eran la principal cantera de nombres para llegar a ministerios, sobre todo a aquellos con un alto nivel de ejecución en infraestructura y transporte”.

No era necesario…

A propósito del casi hundimiento del proyecto que pretende sacar de la justicia transicional de paz, a futuro, el juzgamiento de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad en el marco del conflicto armado, un experto de Derecho Internacional Humanitario le dijo a un periodista de este Diario que no “tiene fondo” esa iniciativa porque ya los tratados internacionales de derechos humanos, el propio Estatuto de Roma y las convenciones sobre protección de los derechos de los menores –todas suscritas por Colombia e incorporados al bloque de constitucionalidad- son instrumentos claros en torno a que este tipo de agresiones contra niños y niñas son delitos atroces y, por lo tanto, no pueden ser sujeto de amnistías, indultos o de tratamientos penales desproporcionados a favor de los victimarios y en contra de los derechos de las víctimas, cuya defensa y reivindicación es obligación primordial de todos los Estados, so pena de sanciones trasnacionales contra los gobernantes y las autoridades que falten a ese deber.

Réplica gremial

Un dirigente gremial, en charla informal con reporteros del área económica, indicó que la oposición de los sindicatos a que se establezca en Colombia una tabla diferencial de salarios por factores como oficio, región o edad, es una posición “arcaica” que acaba afectando a la misma masa de trabajadores, sobre todo de los sectores económicos más vulnerables que terminan siendo enrolados en el rebusque y el trabajo informal. Indicó que ya en varios países latinoamericanos se aplican diferentes modalidades salariales y que el concepto de la remuneración básica o sueldo mínimo “se utiliza como referente y no como base de la política salarial”.