Apretarían las OPS
En el Congreso están buscando cómo ponerle tatequieto, de una vez por todas, a la modalidad de contratación mediante las llamadas “Órdenes de Prestación de Servicios”, que se han convertido en un dolor de cabeza no solo para los trabajadores sino para muchas entidades del sector público y privado que terminan con una gran cantidad de pleitos a bordo por este concepto. “… Las OPS se están convirtiendo en una modalidad de contratación que genera más problemas que soluciones y el Senado debe meterle mano al tema de manera definitiva… No creo que deban acabarse pero sí hay que regularlas de mejor manera y qué mejor forma de hacerlo, ahora que se está hablando de una reforma laboral”, precisó un senador en diálogo informal con un periodista de EL NUEVO SIGLO. Agregó que la anterior ministra de Trabajo, Alicia Arango, ya había avanzado “algo al respecto pero llegó la hora de aterrizar el tema”.
“Gran mentira”: viceprocurador
Precisamente días atrás el viceprocurador general Juan Carlos Cortés González advirtió que las Órdenes de Prestación de Servicios se convirtieron en una “gran mentira” y agregó, que desde la Delegada Preventiva para la Función Pública se haría un llamado al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Hacienda para que puedan sincerar las plantas de personal y el manejo presupuestal para “quitar ese boquete que favorece la corrupción”. “Esa es una golosina que tenemos que eliminar, pero además, a través de una gran política pública que vamos a exigir en el orden nacional”, insistió el segundo a bordo del Ministerio Público.
Regular contratación
En varias ocasiones se ha denunciado en el Congreso que en los contratos por OPS se tomaron las nóminas del sector salud. Es más, el pasado 4 de febrero, la Procuraduría anunció la presentación de una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para evitar abusos de contratación directa por parte de las Empresas Sociales del Estado (ESE). Se busca a través de la acción popular que se reglamente la contratación en las ESE, los 933 hospitales de la red pública del país, que al corte del primer semestre de 2019 tuvieron ingresos del orden de los $6,5 billones y gastos por $9 billones, dejando un déficit cerca de los $2,5 billones.
Denuncias en el Congreso
Ya en octubre pasado, el senador Wilson Arias, del Polo Democrático, denunció que la propuesta de reforma laboral del Gobierno iba en contravía a los intereses de los trabajadores y apuntaba a precarizar aún más las condiciones de trabajo en el país: “Nos quieren vender una reforma laboral para seguir flexibilizando la contratación, sometiendo a los trabajadores a encargarse de su seguridad social, por debajo del salario mínimo, sin salud, sin pensiones, a trabajar por horas y a destajo…”, dijo el congresista. Sostuvo que unos 500.000 servidores estaban vinculados el año pasado al Estado colombiano por Órdenes de Prestación de Servicios en formas “tercerizadas de contratación” que van en contravía de las sentencias de la Corte Constitucional (por ejemplo la C-614 de 2009) y que los convierten en víctimas de ese régimen contractual.
Proyecto contra cooperativas
Precisamente varios parlamentarios de la oposición radicaron al comienzo de este Congreso un proyecto de ley para suprimir la figura de la intermediación laboral a través de cooperativas de trabajo asociado estableciendo que el personal requerido en las empresa públicas o privadas para el desarrollo de sus actividades misionales, no podría vincularse a través de cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral ni bajo ninguna otra modalidad de vinculación que menoscabe los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes. La iniciativa no progresó.