¿No se tocó?

En medio de la polémica entre los gobiernos Petro y Duque sobre qué va a pasar con la financiación del programa de Ingreso Solidario, que no quedó provisionado en el proyecto de presupuesto general de la Nación para 2023 por una circunstancia legal, un senador de las comisiones económicas conjuntas le dijo a un periodista de EL NUEVO SIGLO que “… lo que más extraña es que en las reuniones de empalme ese tema específico no se tocara a profundidad, cuando debió haber sido un asunto que merecía prioridad dado el alto impacto público que tiene”. Paradójicamente, el entonces ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, era uno de los coordinadores de la comisión de empalme por el Ejecutivo saliente.

Respuesta urgente

En medio de los debates en torno a las medidas que se requieren para poder enfrentar los índices de inseguridad en la capital del país, un experto en estos temas le dijo a un periodista de este Diario que “… es urgente una estrategia de fondo para disminuir la progresión de la violencia en la ciudad… En algunas capitales centroamericanas que experimentaron la evolución de criminalidad de bajo impacto y dispersa, a organizaciones de macrocriminalidad y de estilo mafioso, una de las primeras respuestas de algunos sectores afectados por ese aumento de accionar violento fue, precisamente, el surgimiento de escuadrones armados y financiados para responder violentamente a esa amenaza”.

Archivos desclasificados

En un artículo para el periódico de la Universidad Nacional, Mariana Delgado Barón, politóloga y asesora de comunicaciones del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri), se refirió a cómo los archivos desclasificados de los Estados Unidos fueron claves para el esclarecimiento de la verdad en nuestro país. Incluso recordó que la Comisión de la Verdad puso a disposición del público más de 15 mil documentos desclasificados de los Estados Unidos, relacionados con el conflicto armado colombiano. De acuerdo con el citado artículo, la carpeta de “Falsos Positivos” es una de las 54 clasificaciones de los más de 15 mil documentos, fotografías y reportes o cables de la Embajada estadounidense que forman parte del Proyecto de Documentación sobre Colombia (Colombia Documentation Project) en el que trabajaron conjuntamente la Comisión de la Verdad y el Archivo de Seguridad Nacional (NSA), organización sin ánimo de lucro que solicita a diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos la desclasificación de documentos sobre temas centrales del conflicto armado colombiano.

De Gaitán a la guerrilla

No es un tema menor, ya que según el artículo la clasificación va desde el magnicidio de Jorge Eliécer Gaitán hasta tareas de contrainsurgencia y seguridad interna; Chiquita Brands y sus vínculos con el paramilitarismo; las Convivir, el desplazamiento forzado, las Farc, el Eln, las masacres, la Escuela de la Américas y ‘limpieza social’. Se trata, entonces, de la colección más grande y actualizada de documentos desclasificados relacionados con el conflicto armado colombiano, que abarca desde finales de la década de 1940 hasta la actualidad.

Dos peticiones

El mismo artículo recalca que una de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad al Gobierno, al Congreso de la República, a los organismos de seguridad e inteligencia y la Rama Judicial es “garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva a partir de la fecha de recolección, y adelantar un proceso gradual de levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia en garantía del derecho a la información”. Esta petición va de la mano con la sugerencia que se realiza al primer mandatario de Colombia de “solicitar al presidente de Estados Unidos (Joe Biden)” la desclasificación acelerada de más documentos.