La Corte Constitucional se prepara para el proceso de revisión de exequibilidad del llamado “Acto Legislativo para la Paz”, que fue aprobado por el Congreso a mediados de junio y se considera la ruta para la implementación así como blindaje jurídico y político de un eventual acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Será una batalla jurídica de amplio espectro, toda vez que la primera demanda  de inconstitucionalidad contra el acto legislativo la elevará el senador uribista Iván Duque y, en palabras del expresidente y senador Uribe, es “muy sólida”. Como se sabe, esta reforma constitucional eleva el acuerdo de La Habana a “acuerdo especial” a la luz de los convenios de Ginebra y lo inserta también en el bloque de constitucionalidad interno.

Reglamentación definitiva a plebiscito

Un parlamentario de La U, según conoció EL NUEVO SIGLO, está preparando ya una reforma constitucional para reglamentar de manera taxativa la figura del  plebiscito. Se  planteará que el umbral sea de 25 por ciento del censo electoral, con la diferencia de que la opción del “Sí” debe tener ese mismo porcentaje para ser aprobada. Es decir que pasaría algo similar a lo del plebiscito especial de paz, solo que este tiene un umbral de aprobación del 13 por ciento, mientras que el plebiscito ordinario tendría uno del 25 por ciento, que quedaría como fijo y definitivo para toda convocatoria que se haga.

Urge llenar el vacío normativo

“… Lo que quedó claro del fallo de la Corte sobre el plebiscito de paz es que esta figura, en general, no está reglamentada totalmente ni en la ley 134 como tampoco en la 1757, a lo que se suma que en la Carta no se señala de forma taxativa el umbral para determinar su validez en materia de participación y aprobación… Nuestro proyecto lo que debe buscar es que se supla ese vacío normativo para cualquier tipo de plebiscito y que se evite así que sea la Corte, por vía interpretativa jurisprudencial, que termina siendo de todas maneras subjetiva, la que fije las reglas de un mecanismo de participación popular”, indicó el congresista en diálogo off the record con un periodista de este Diario.

Al tablero por el paro camionero

Si bien el paro camionero se levantó el viernes pasado, en el Congreso sigue vigente la citación a un debate de control político tanto al Ministro de Transporte como al Superintendente de Transporte y Puertos, así como a otros altos funcionarios. Deben explicar cómo fue posible que la protesta llegara a tales niveles de afectación y dejara pérdidas superiores a los tres billones de pesos.  También se exigirá del Gobierno que precise el acuerdo con que se logró levantar el paro y si en el mismo hubo algún tipo de cesión por parte del Ejecutivo para que no se continúen con las investigaciones sobra las anomalías con relación a la chatarrización de los vehículos de transporte de carga, así como frente a las sanciones de cancelación de licencias y de decomisos de camiones a las empresas y propietarios que participaron en los desórdenes y los bloqueos de vía.