Tras la decisión del Consejo de Estado que tumbó el accidentado proceso de licitación para el tercer canal privado de televisión abierta nacional, en altas fuentes de la Casa de Nariño se indicó que el presidente Santos es partidario de que el nuevo mecanismo de adjudicación (que será asumido por la nueva Agencia de Televisión y no por la agónica y muchas veces cuestionada Comisión Nacional) parta de la base de que no serán entregados uno sino, como mínimo, dos nuevos canales de televisión y que ello no sólo garantizaría un ingreso superior al Estado por las respectivas licencias sino una mayor competitividad en este medio de comunicación.

Tercer canal (II)

La tesis gubernamental, que venía siendo ambientada desde el año pasado, tuvo en las declaraciones del presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez, un aliciente muy directo y contundente. El lunes en la noche, al explicar los alcances del esperado fallo del máximo tribunal del contencioso-administrativo, Gómez indicó que la decisión no estancaba el proceso de adjudicación de un tercer canal sino que, por el contrario, aclaraba el panorama e incluso era claro que la franja electromagnética es muy amplia y puede albergar cinco o más canales. Hasta el momento es claro que los estudios de mercado publicitario indican que Colombia, al igual que países vecinos como Venezuela, Perú y Ecuador, puede tener más de dos canales privados de televisión.

Tercer canal (III)

La política tiene sus paradojas. En tiempos del gobierno Uribe no pocos voceros de la oposición advertían que al tener abierta una licitación para un tercer canal de televisión el Ejecutivo se aseguraba ‘influencia’ sobre la prensa y más aún estando de por medio el pulso por un tercer período presidencial sucesivo. El uribismo siempre negó esos señalamientos, pero ayer, cuando se cayó la licitación por el fallo del Consejo de Estado, más de un dirigente uribista dijo que el arranque del nuevo proceso de adjudicación tendría un “efecto colateral” sobre el apoyo de un sector de la prensa a la posible reelección de Santos. Vea pues.

Acuerdo previo

En las discusiones en las altas Cortes frente al futuro del proyecto de reforma judicial que está discutiendo el Congreso se está empezando a generar un tercer bloque de magistrados. Hasta el momento venían primando dos posiciones. Una liderada por aquellos juristas que consideran que los presidentes de los máximos tribunales no deben asistir al Senado o la Cámara pues con su presencia “legitimarían” una reforma que consideran negativa para la rama judicial. Y otra que impulsa la necesidad de ir a los debates para tratar de corregir los artículos más perjudiciales. Ahora hay una tercera posición que, gracias a la mediación de la Iglesia Católica, pide que Gobierno y Congreso se comprometan a un “piso mínimo” de reformas al articulado que salió del cuarto debate y que con base en ese acuerdo las altas Cortes acepten volver a las discusiones parlamentarias.

Paso al costado

Y siguiendo con la cúpula judicial, trascendió que por lo menos dos ex magistrados que estaban ya haciendo algún lobby para indagar sobre la viabilidad de postularse para ser ternados a la Procuraduría General, decidieron suspender sus gestiones una vez el actual titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, confirmó días atrás que está interesado en repetir en el cargo. Es más, un excongresista que había hablado con actuales parlamentarios sobre una posible postulación, también congeló su intención al percatarse de que el anuncio de Ordóñez fue bien recibido por varios sectores del Congreso y algunos partidos, obviamente comenzando por el Conservador.