Se espera que antes de que termine enero la sala plena del Consejo de Estado emita, por fin, el fallo de fondo sobre el proceso de adjudicación de un tercer canal privado de televisión abierta nacional. El expediente arranca entre los primeros en el orden del día de las sesiones plenarias del máximo tribunal de lo contencioso-administrativo y, por lo tanto, se espera que el humo blanco se vea antes de tres semanas, y termine así este largo y accidentado trámite de adjudicación que se encuentra suspendido hasta que se defina si tiene alguna lógica que un proceso de subasta se pueda realizar cuando hay un solo proponente en competencia.

Tercer canal (II)

Aunque oficialmente no hay ningún pronunciamiento, en los altos corrillos gubernamentales se asegura que la Casa de Nariño sería partidaria de que el Consejo de Estado anule todo el proceso licitatorio y que arranque de cero, no sólo porque ello daría la posibilidad de pensar en la adjudicación no de uno sino de dos canales privados, y porque el nuevo mecanismo se haría ya bajo la estructura del nuevo ente que entró a reemplazar a la polémica Comisión Nacional de Televisión. Es claro que en la debutante entidad, la injerencia del Ejecutivo sería mucho más alta que en la actual Comisión, en donde el Gobierno ha quedado históricamente en desventaja frente a los comisionados nombrados por otros sectores.

¿Y las tierras? (I)

En los próximos días se podría conocer un primer paquete de investigaciones de los entes de control en contra de un buen número de funcionarios de distintas entidades en la última década. Con base en los informes recientes que hablan de cómo extensos predios que eran del Estado terminaron por cuenta de maniobras corruptas en manos de particulares, paramilitares, narcotraficantes y redes de testaferrato, la Procuraduría y Contraloría intentan establecer por qué los titulares de las entidades que tenían a su cargo esos predios baldíos de la Nación no alertaron del despojo del que estaba siendo objeto el Estado.

¿Y las tierras? (II)

Según trascendió, hay casos en donde al Estado le hicieron perdedizos predios cuya extensión superaba mil, dos mil y tres mil hectáreas, que dada su magnitud figuraban en los inventarios de muchas entidades. “… Hay casos en donde los predios seguían apareciendo en las bases de datos de propiedades de ministerios y entidades liquidadas o en proceso de serlo, pero en realidad habían pasado a manos privadas, la mayoría mediante maniobras non sanctas, pero en el papel seguían siendo catalogadas como oficiales e incluso eran cuantificadas en los informes de cuentas fiscales, inventarios, pago de impuestos y otros que se presentaban anualmente a los ministerios, la Contraloría y la Contaduría”, precisó un investigador cercano al expediente.

Fallo en ciernes

De otro lado, en los pasillos de las altas Cortes se asegura que está por salir en las próximas semanas un fallo que marcará un precedente histórico frente a lo que tiene que ver con “tenedores o propietarios” de buena fe de predios que habían sido robados a sangre y fuego por guerrilla, paramilitares y narcotraficantes. El fallo es considerado clave porque se trataría de una familia muy reconocida en la Costa que terminó comprando una extensa hacienda que años atrás había sido robada a sus legítimos propietarios, que se vieron forzados por ilegales a firmar las escrituras de venta.