La reforma de equilibrio de poderes sustituye el principio de separación de poderes contenido en la Constitución, sostuvo el exmagistrado Gustavo Gómez.

El jurista recordó su intervención de esta semana en la Corte Constitucional a nombre de la Mesa Nacional por la Defensa de la Justicia y la Constitución, en la que les pidió a los magistrados declarar la inexequibilidad de la norma.

Para Gómez, hasta antes de entrar en vigencia el acto legislativo de 2015, los jueces tenían autonomía para elaborar su presupuesto, crear, trasladar, suprimir, distritos y despachos judiciales; lo mismo que producir reglamentos autónomos y contar con iniciativa legal.

Pero de acuerdo con lo dispuesto por esa reforma constitucional, será el Congreso quien defina mediante una Ley Estatutaria a quien le corresponderá fijar la división territorial de la Rama Judicial y la distribución de los cargos, funciones que antes de la reforma estaban en cabeza de los jueces.

En ese sentido, la Mesa se opone a la reforma e impulsa un referendo revocatorio parcial de la norma que le dio vida debido a que lesiona la independencia y la autonomía de la Justicia al concentrar las funciones de control administrativo y jurisdiccional en el Legislativo y el ejecutivo, las otras dos ramas del poder público.

El Consejo de Gobierno Judicial, el órgano que reemplazó al Consejo Superior de la Judicatura, concentró sus funciones en los presidentes de las altas cortes dejando como consecuencia una concentración de poder y de prerrogativas que convertirán estos cargos en un fortín político.

Lo mismo sucederá con el Gerente de la Rama, aunque su función principal es la de ejecutar el presupuesto e impulsar los proyectos y directrices que fije el consejo de Gobierno Judicial, este alto funcionario tendrá injerencia en estas decisiones como miembro de ese órgano con voz y voto.

El acto Legislativo 02 de 2015 aprobado por el Congreso intensificó el control sobre los jueces y magistrados, lo que interfiere con la autonomía de la Rama.