“Romper con la trampa de la pobreza en los territorios afectados por la violencia es el reto de la política de restitución de tierras”, consideró Ricardo Sabogal, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en la versión número tres del Diálogo Técnico: Restitución de Tierras, Segundos Ocupantes y Enfoques Diferenciales que se efectuó con el respaldo de la Unión Europea.
Al encuentro asistieron expertos en jurisprudencia y tierras, quienes hablaron sobre el panorama que enfrenta la política con respecto a los segundos ocupantes y los avances para restablecer los derechos de las mujeres, así como de las comunidades afrodescendientes y étnicas sobre sus territorios.
En el marco de la reunión, Sabogal manifestó que la entidad está estructurando un Plan de Atención para Segundos Ocupantes, con el fin de generar una respuesta asertiva a quienes compraron predios de buena fé.
“Aunque sabemos que en varias zonas del país muchos se apoderaron de las tierras de manera ilegal, nos hemos encontrado con campesinos vulnerables y es nuestro deber, como Estado, garantizar sus derechos. Trabajamos para prevenir conflictos sociales con alternativas económicas para la población que se encuentra en predios objeto de restitución”, resaltó Sabogal.
Al tiempo, el funcionario anunció que “se busca crear un equipo en la URT independiente de los demás procesos misionales que se encargue de la atención a segundos ocupantes. También, trabajamos en ajustes normativos, de modo que los administradores de justicia puedan aplicar soluciones en equidad dado el contexto de cada caso”
En el evento, el procurador delegado para la Restitución de Tierras, Germán Robles, destacó cómo la política de restitución de tierras evidenció el panorama del despojo en el país. “En Colombia no habíamos cuantificado ni cualificado esta problemática que hoy, gracias a la entrada en vigencia de la ley, nos permite visibilizar su impacto para dar una respuesta oportuna tanto a las víctimas como a quienes se encuentran en los predios”.
Por su parte, Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) manifestó que es “indispensable trabajar dos frentes para hacer más efectivos los resultados de la política. El primero, debe generar una debida articulación de las políticas públicas; y el segundo, el trabajo jurídico en un punto fundamental: ampliar el criterio frente al concepto “la buena fe exenta de culpa”. En su opinión, para lograr este objetivo se debe hacer una caracterización más amplia del segundo ocupante.
Con respecto a los enfoques de género, actualmente la Unidad de Restitución de Tierras reporta que el 50 por ciento de los fallos han favorecido a mujeres víctimas de la violencia con quienes según Belén Sanz, representante de ONU Mujeres, se deben adelantar acciones que van más allá de la restitución de los predios.
Para la representante internacional, el empoderamiento de los derechos patrimoniales, promover la sostenibilidad del ingreso, así como la capacidad de asociación, son tres factores vitales para restablecer los tejidos sociales fragmentados por la incidencia del conflicto.
Finalmente, Juan Carlos Bentancurt, consultor independiente y experto en el tema de justicia transicional, manifiestó que uno de los principales logros del proceso es el de las medidas cautelares que hasta la fecha se han proferido para salvaguardar más de 200.000 hectáreas que milenariamente han pertenecido a las comunidades étnicas y afrodescendientes.
Según Betancurt, la restitución de tierras es la puerta para la reparación integral, por lo que “el proceso de reparación no puede ser segmentado, más aún cuando se está frente a un escenario de posconflicto.”
En el marco del Diálogo Técnico se evidenció cómo la Unidad de Restitución de Tierras ha incorporado el enfoque diferencial en sus procesos de implementación, al visibilizar la multiculturalidad y plurietnia de las víctimas. Además, la entidad ha respondido a las demandas de todas las poblaciones vinculadas al proceso.