De acuerdo con la ley resulta evidente que la anulación de la reelección del procurador general Alejandro Ordóñez es extemporánea. Para hacerlo, las autoridades tenían máximo un año, pero como se sabe tardaron casi el triple de ello y, por lo tanto, el fallo carecería de efectividad. No obstante lo cual, Ordóñez ha dicho que no recurrirá a los instrumentos legítimos que tiene y que acepta la sentencia como hombre de derecho que es.

Su renuncia a cualquier reposición o demanda jurídica demuestra su acatamiento al sentido del fallo que, por demás, confunde el nombramiento de una terna con la designación formal en el cargo en cuestión. De modo que, no sólo pudo haber recurrido por la sentencia extemporánea, sino porque no se compadece con la letra constitucional.

Tampoco es dable aceptar que por haberse defendido con los mecanismos legales a mano ello sea motivo de dilaciones y que fue por esto que el Consejo de Estado no pudo pronunciarse en los tiempos de ley. Ni más faltaba que ello fuera así, tanto en cuanto siendo el Consejo el máximo tribunal de lo contencioso, por lo demás integrado por los más grandes expertos en materia administrativa, hubieran podido, dentro de los términos señalados por los códigos y las leyes que los han reformado, pronunciarse en la materia. Desde luego, no es bueno constatar nombramientos con miras a preeminencias electorales, pero tampoco es claro que ello se haya dado por fuera el concurso de méritos exigido o los ascensos por meritocracia.

El asunto, por desgracia, parecería tener más visos políticos que jurídicos. Y esto ciertamente es así en medio del turbión en que se ha convertido la campaña del plebiscito y la inflamación de los egos que la animan. Esto, claro está, porque el dicho plebiscito, antes de ser la herramienta ciudadana que se pregonaba hace tiempo, terminó en el mortero de una pugna partidista en la que el colombiano del común poco cuenta, salvo para ser víctima de un inusitado propagandismo que ha copado todos los medios y los escenarios.

En medio de ello, se produce la salida del Procurador que, como todo el país sabe, había llenado de advertencias el proceso de paz y cuyas inquietudes al Ejecutivo fueron tramitadas en 60 preguntas incontestadas directamente.

Esto, como lo trajo a cuento la revista Semana en su publicación electrónica, parecería más bien un “papayazo”, entre otros que trajo a colación, como aquello, en cuanto a la pregunta plebiscitaria, de que el Presidente puede hacer lo que le dé la gana.

De otra parte, no parecería que la remoción del Procurador se deba, exactamente, a un contubernio entre el Gobierno y las Farc. Pero sí llega en el momento más inoportuno posible por cuanto correspondería, más bien, al estridente escenario político que se ha configurado y que tiene abiertamente divididos a los colombianos y sus familias.

Con ello, por supuesto, el ciudadano ha quedado preso de una guerra política sin cuartel que, en el fondo, lo que hace es precipitar al elector tranquilo hacia la abstención por cuanto la mayoría de colombianos lo que quieren es un país en calma y estabilidad.

Nadie duda, de otro lado, que Ordóñez se aferró a sus convicciones, pero igualmente nadie podría acusarlo de que cada uno de sus fallos y opiniones no estuvieron inscritos dentro de los términos de ley. Su salida a cuatro meses de terminar su doble mandato de ocho años, ha sido celebrada por los sectores de izquierda como una caída. Y esa caída, la caída del Procurador, se ondea como un trofeo sin parangón.

Muy seguramente, claro, el exprocurador comenzará a hacer parte de las huestes del “No”, con visos presidenciales, y de representante de la sociedad como ministerio público alternativo. Sea lo que sea, estas discrepancias al más alto nivel institucional, provenientes incluso de las pugnas del Jefe del Estado y la Procuraduría, lo que hacen, en el trasfondo, es apartar, como se dijo, al ciudadano de las acervas fricciones plebiscitarias. Y ello es lo que, igualmente, viene colaborando con la abstención.