Para el Concejal Roberto Hinestrosa la alcaldía de Gustavo Petro reproduce un Decreto suspendido por el Consejo de Estado y da paso a la renovación urbana contemplada en el Plan de Ordenamiento Territorial POT que la Sección Primera del Consejo de Estado decretó una medida cautelar, suspendiendo de manera provisional los efectos del decreto mediante el cual se modificó este POT, el cual fue expedido por el entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

“Bogotá es la ciudad, densamente, más poblada en todo el continente. Viven 20.000 personas por cada kilómetro cuadrado y la renovación urbana planteada debe ejecutarse con un gobierno local dotado de todos los instrumentos para llevarlo a cabo”, puntualizó Roberto Hinestrosa.

Para el cabildante el impacto de construcciones elevadas en Bogotá tendrá un efecto negativo en la calidad de vida de sus habitantes.

Además, que no hay claridad sobre los lugares donde se construirá las nuevas infraestructuras, el mantenimiento de las mismas y dotaciones, la construcción de estos rascacielos producirá un colapso de algunos servicios públicos, y lo más grave, “provocará una disminución de la calidad ambiental por desaparición de los espacios libres, tanto pública como privada”, denunció Hinestrosa. 

En ese mismo sentido, el Concejal Roberto Hinestrosa llamó la atención sobre el aumento de la congestión vehicular, poca disponibilidad de los terrenos y su altísimo costo, edificaciones cada vez más densas, incremento de la urbanización informal y grave deterioro ambiental.

“La densificación en Bogotá sin planeación aumentaría la congestión vehicular y deterioro de andenes por invasión de autos”, señalo el Concejal Roberto Hinestrosa.

Cambio en el modelo de ciudad

Para el Concejal Julio Cesar Acosta, otro citante del debate, el cambio en el 33 por ciento de la norma urbanística es un cambio en el modelo de ciudad y cuestionó la preparación del Distrito para cumplir a cabalidad los objetivos del Decreto 562 en materia de infraestructura para soportar la nueva carga poblacional que ello conlleva.

Y desnaturaliza la renovación urbana  en la modalidad de reactivación, no es clara la destinación de las cargas, no hay correspondencia entre las necesidades reales de la ciudad  y  beneficios por una mayor edificabilidad y la monetización de la carga será la regla general.

“Señores concejales, no hay garantía respecto a lo que se pague será invertido en la zona de impacto, tampoco hay estudios serios que determinen la capacidad efectiva en la prestación servicios públicos y estamos frente a un nuevo POT que modifica índices de altura y dimensiones”, advirtió Acosta.