Una de las prioridades en la Cumbre sobre cambio climático COP27, que arrancó ayer en Egipto, tiene que ver con concretar la promesa de las grandes potencias económicas, que son al mismo tiempo las que más Gases de Efecto Invernadero (GEI) emiten, sobre aportar 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a las naciones más vulnerables en el combate al calentamiento global.

Ese compromiso sobre las llamadas “finanzas climáticas” fue asumido desde 2009, en Copenhague, y según la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente todavía está a medio camino. De hecho, se espera que en este nuevo cónclave se haga realidad el grueso del aporte para 2023. Es un asunto central. Prueba de ello es que este tema, también conocido como de “Pérdidas y daños”, fue incluido en la agenda por petición del G77 (que incluye esencialmente a las naciones en desarrollo). Si bien en el pasado se ha discutido sobre el establecimiento de un fondo al respecto, no hay nada en concreto.

¿Qué ha pasado? La mayoría de los gobiernos de las naciones que integran el G-20 -que reúne a las economías más potentes del planeta- aporta una porción de recursos con destino externo pero advierte que sus prioridades están dirigidas a promover la adopción en sus propias naciones de políticas de transición energética, desarrollo sostenible, transformación productiva y otros mecanismos para disminuir la emisión gases contaminantes y la “huella de carbono”.

Pulmón del mundo

Como se sabe, Colombia, por su posición geográfica y su riqueza en biodiversidad, es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático, pese a que es muy bajo su porcentaje de emisión de GEI: apenas del 0,66% del total global.

Una de las prioridades de nuestro país, en ese sentido, ha sido allegar recursos de cooperación externa para combatir el cambio climático. Son prioridades detener los índices de deforestación, blindar la biodiversidad, frenar narcocultivos y minería criminal en reservas y parques naturales así como la protección de la cuenca amazónica.

En este último aspecto el gobierno Santos delineó programas como Colombia Sostenible en tanto que Duque, principal impulsor del Pacto de Leticia, insistió en la necesidad de que la protección del bioma amazónico contara con recursos de entes multilaterales y grandes potencias. De hecho, en 2021 se creó el Fondo de BioEconomía para la Amazonía del Green Climate Fund (GCF), que contaba con 645 millones de dólares para invertir en los siete países de la cuenca.

Con el cambio del gobierno y la llegada de Gustavo Petro, el tema sigue siendo prioritario en la agenda ambiental colombiana. En su discurso de posesión y ante la asamblea de la ONU, el presidente insistió en la creación de un Fondo internacional para salvar la Amazonía e incluso planteó que se reduzca la deuda externa de Latinoamérica para salvar la selva amazónica.

“… La selva amazónica es uno de los tres o cuatro pilares climáticos del mundo… Salvarla, por tanto es una esponja de absorción del CO2, enorme a escala planetaria, igual que los océanos, igual que los bosques de pino en el norte, se vuelve fundamental”.

Paradójicamente un informe de 2021 advertía que debido al deterioro de la cuenca y los incendios, la Amazonía en general estaba pasando de ser el nodo global de mayor absorción de CO2 (25%) a una de las mayores fuentes de emisión de GEI.  

Se sabe que los demás gobiernos de la cuenca, incluido Brasil, en cabeza del recién electo Inácio Lula da Silva, también consideran que la comunidad internacional, pero sobre todo las grandes potencias, deben hacer un esfuerzo superlativo en materia de financiación para la protección del nodo amazónico, especialmente para detener el alto grado de deforestación. También se requieren dineros para detener la extensión de la frontera agrícola, combatir el tráfico de fauna y flora, frenar el deterioro de la red hídrica que alimenta al Amazonas, limitar la ganadería extensiva así como para contener tala de árboles, minería criminal y narcocultivos, entre otros.

Por lo mismo, una de las prioridades de los mandatarios de la región que asisten a la COP27 será su participación en el “Diálogo Regional de Alto Nivel: Amazonía como pilar del equilibrio climático y de la vida”.

Pregunta clave

Visto todo lo anterior, la pregunta clave es: ¿Qué tanta posibilidad tendrán los países de la cuenca amazónica para que se haga realidad la solicitud de reducir su deuda a cambio de dirigir más recursos a la protección amazónica o de que se cree un fondo billonario que financie esta cruzada?.

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Para algunos expertos, una reducción de la deuda o moratoria autorizada en sus plazos no se ve muy cercana. En la pandemia de covid-19 apenas si benefició a algunos países pobres y muy golpeados por la crisis sanitaria. Por el contrario, Brasil es la mayor economía latinoamericana, Colombia el país que más está creciendo y el resto de naciones de la cuenca tienen economías en desarrollo o emergentes, a las que difícilmente les condonarían parte o la totalidad de sus obligaciones con la banca multilateral o la privada.

En cuanto a un fondo multimillonario, la opción podría ser más viable. Es claro que los efectos de la pandemia, que limitaron de forma sustancial la disposición de recursos para combatir el cambio climático, ya están quedando atrás. Esa sería una circunstancia que jugaría a favor de que aumente la voluntad política de las grandes potencias para incrementar el aporte a esta clase de iniciativas de alto calado a nivel global.

Sin embargo, algunos analistas advierten que el riesgo de una recesión mundial podría convertirse en el nuevo freno de mano para que se logre la meta de los 100.000 millones de dólares anuales de financiación por parte de las grandes potencias.

"... Hay otro elemento que poco suele ser mencionado pero que todos los que trabajamos en el sector ambiental sabemos que existe... Hay una desconfianza estructural de las grandes potencias sobre la capacidad de los países de la cuenca amazónica para invertir en la preservación de la misma... Los gobiernos y fundaciones prefieren tener un control y veeduría muy cercanos, y no solo lo hacen para evitar casos de corrupción y despilfarro, sino para asegurarse o incluso imponer las políticas… Un ejemplo: la semana pasada Alemania anunció que desbloqueará recursos para el Fondo de la Amazonía una vez asuma Lula, ya que los congeló con Bolsonaro”, precisó un experto colombiano en temas de política ambiental, que pidió la reserva de su nombre.

Además, la creación de un fondo multilateral para la preservación de la Amazonía tiene como principal obstáculo que los países de la cuenca no tienen un programa trasnacional, sólido, con sustento científico validado, vinculante, con metas y objetivos precisos.

 "... No hay que ser ingenuos... Ni la ONU o cualquier otra potencia les va a soltar de buenas a primeras a los países amazónicos, la mayoría de los cuales tienen gobiernos de izquierda que suelen ideologizar al extremo las políticas ambientales, miles de millones de dólares... La idea del fondo multilateral es muy buena pero no nueva. Ya existen fondos pequeños frente al tamaño del desafío… Ahora el cambio climático es más catastrófico, esa circunstancia puede ayudar pero con un plan integral trasnacional, que es lo que no hay”, puntualizó la fuente.

Amazonía, la más deforestada

En las últimas dos décadas se han deforestado 3.182.876 hectáreas de bosque en Colombia. Durante el primer trimestre del año 2021 se deforestaron 45.500 hectáreas, mientras que en el mismo periodo del 2022 la cifra fue de 50.400. Frente al segundo trimestre, el año pasado 1.580 hectáreas fueron deforestadas, mientras que en 2022 la cifra ascendió a 2.060. Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia son los seis departamentos más afectados.

Según el Ministerio de Ambiente, con base en el último reporte del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (realizado por el Ideam), la principal víctima de este flagelo es la Amazonía. En el periodo 2001-2021 perdió 1.858.285 hectáreas. Esto quiere decir que, en promedio, se han deforestado 88.490 anualmente.

En comparación con el primer semestre de 2021, la deforestación aumentó este año en la Amazonía en un 11 %, con 52.460 hectáreas y se estima que la tendencia de aumento continuará.

“Este año ya vamos 11% más alto, sumando los dos trimestres, en comparación con el año pasado. Viene el último trimestre, donde se presenta la afectación más grave si no hacemos algo”, advirtió semanas atrás la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.