El tiempo transcurrido entre 1993 y hoy es suficiente para que se permita realizar alguna evaluación que permita reformar el SINA (Sistema Nacional Ambiental), organización contemplada en la ley 99 de 1993 y que ha demostrado no tener elementos que le permitan contrarrestar los efectos nocivos de la corrupción en el medio ambiente; quisiera dedicar estas líneas a realizar este análisis y sugerir algunos mecanismos que permitan la mejora del sistema y que a su vez permitan combatir los mencionados efectos.
Las buenas intenciones que en materia ambiental tuvo la Constituyente de 1991, no contemplaron dentro de las variables analizadas y reglamentadas el temible y creciente fenómeno de la corrupción y por lo tanto no estableció barreras para su control; la realidad es que mientras la corrupción arrasa los bolsillos de los ciudadanos a través del desfalco de lo público, la corrupción ambiental se convierte en una especie de crimen contra la vida y la salud de todos los colombianos.
Pero esa palabra que cada día escandaliza menos, asociada con otras como; peculado, cohecho, prevaricato, es desconocida para muchos de nosotros en términos de que actuamos como si el fenómeno fuera exógeno y no pudiera siquiera tocarnos. No comprendemos que todos estamos inmersos en el mismo fenómeno a través de prácticas diarias tales como; los sobornos, las prebendas, las coimas, el tráfico de influencias, entre otras pequeñas corrupcioncitas.
El problema es que el fenómeno crece a diario, no solo en Colombia, y lamentablemente las consecuencias las paga el medio ambiente y a través suyo la mismísima especie humana; ¿Cómo ocurre este fenómeno?
Como en otros muchos campos la corrupción en el medio ambiente tiene variadas facetas y toca diferentes tópicos, los resultados están a la vista; las cuencas contaminadas, los paisajes destruidos, las fuentes de agua agotadas o contaminadas, la fauna en extinción aumentando de tamaño, la desaparición de especies endémicas, y otros muchos que se pueden apreciar en todo el territorio nacional. Las causas también son conocidas; es normal ver tráfico de influencias para obtener licencias ambientales de todo tipo desde los macroproyectos mineros o petroleros hasta las Pymes que por su actividad la requieran, estudios copiados de otros que nada tienen que ver con el territorio pero que son avalados por las autoridades que los debieran controlar, es notorio como se modifican sucesivamente las licencias ambientales otorgadas originalmente, la ejecución de los proyectos se aleja en muchos casos de los planes de manejo aprobados y en general, las pequeñas dadivas facilitan los grandes desastres ambientales.
En los últimos 15 años en Colombia se han talado alrededor de 1’875.000 hectáreas de cobertura boscosa primaria de forma ilegal, esto equivale a poco menos de 14 hectáreas por hora; cabría preguntarse si es imposible para todo el aparato estatal controlar una devastación de estas proporciones o si por el contrario los entes de control deberían investigar el porqué de esta situación.
Lo grave del asunto es la permisividad de nuestra sociedad con este fenómeno, frases como “Si no me lo gano yo se lo ganará otro” o “Un árbol más o uno menos no va a acabar el planeta” son comunes y se han vuelto algo común; no creo que este fenómeno tenga una solución rápida ni inmediata, deberíamos comenzar por generar conciencia social en nuestra juventud, endurecer las consecuencias de estos crímenes contra la naturaleza y mejorar el control. Es importante generar conocimiento técnico sobre el tema y procurar así mejorar el control ciudadano, ya que el Estado se sigue mostrando incapaz de realizarlo.
Valga decir para finalizar que la primera conciencia que debemos tener es la del hecho real de que el daño ambiental permitido a través de la corrupción es, ni más ni menos, un atentado contra la vida.
@alvaro080255