Desde la “Declaración del Milenio”, documento adoptado por 189 países a finales del año 2000 en el marco de la Asamblea general de las Naciones Unidas, han transcurrido cerca de 18 años; aunque suene increíble, es el tiempo que nuestro país ha tardado en aprobar un instrumento que permita la adopción de las medidas adecuadas para desarrollar las estrategias que nos lleven a cumplir los compromisos adquiridos. Se trata del documento Conpes 3918, de marzo del 2018.
Las metas propuestas en el año 2000 fueron fijadas a 15 años y evaluadas en el marco de la Asamblea general de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible presentadas en junio de 2012, en lo que se denominó globalmente como Rio+20; si bien en la conferencia se reconocieron los avances logrados por los diferentes países miembros en el cumplimiento de los objetivos del milenio (ODM), se propuso fijar metas más ambiciosas a nivel mundial que permitan mejorar la calidad de vida de la población.
A raíz de esta conferencia, y debemos reconocer que con una posición firme y clara de Colombia, se produjo una modificación en los ODM y se desarrolló la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en ella se fijan por parte de 193 países 17 metas concretas que contienen una nueva visión innovadora del desarrollo sostenible y plantea unos retos importantes a todos los países adoptantes del documento.
Para nuestro caso, no se ve un adelanto significativo en la facilidad formal de acercarse paulatinamente al cumplimiento de las metas propuestas, para ello se debería estar fortaleciendo la coordinación interinstitucional para promover acciones transversales, la capacidad del Gobierno (en todos los niveles) para cuantificar los avances de las metas propuestas, la alineación de la agenda con los instrumentos de política territorial y la coordinación de acciones con diferentes actores sociales; asuntos todos que han estado en el segundo plano de la agenda gubernamental. No quiero decir con esto que no se hayan hecho esfuerzos desde el Ministerio de Ambiente, quiero decir que los esfuerzos no han contado con el apoyo de una voluntad política del estado; para comprobar este fenómeno baste observar la manera como se ha recortado el presupuesto de inversión en el campo ambiental y como se han eliminado del presupuesto de Colciencias las investigaciones en el área.
Según el documento aprobado por el Conpes, la estrategia de implementación de los ODS está basada en cuatro pilares; un esquema de seguimiento y reporte, una estrategia territorial, una alianza con actores no gubernamentales, y el acceso a datos abiertos para el seguimiento al cumplimiento de los Objetivos. Lo anterior suena perfecto y tendría todo el sentido, el problema radica en que se determinó que 30 entidades del nivel central se deben encargar de liderar las acciones que marcarán la ruta del comportamiento del país, en este aspecto, hasta el año 2030.
Entre las entidades determinadas se encuentran los ministerios de salud, Educación, Trabajo, Vivienda, Minas, Ambiente, Defensa, Comercio, Agricultura y Transporte. Sin mencionar y cabe preguntarse ¿Por qué no se estableció una especie de consejería presidencial o de súper ministerio que coordine el desarrollo sostenible del país? Si bien los ciudadanos tendrán disponible una plataforma web para hacerle seguimiento al cumplimiento de estas metas a través del acceso a los indicadores, líneas base y metas definidas por el documento Conpes, también es cierto que la dilución entre tantos actores podría redundar en una dilución de las responsabilidades y en una búsqueda de culpables de las fallas en la implementación.
Debo reconocer que de no haber nada a lo que hay hoy existe un avance, pero no debemos suponer que un documento Conpes es la solución, no en balde se dice en los corrillos que “Un documento Conpes no se le niega a nadie”, se requieren elementos y herramientas serias para su implementación y una voluntad política a toda prueba.
@alvaro080255