LA semana pasada estuvimos discerniendo sobre la importancia del tema ambiental en el ámbito político, especialmente en lo que hace a las elecciones regionales; comenzamos a tratar el tema y quedamos en terminar el análisis para esta columna. Partimos de una base fundamental que consiste en tratar el tema ambiental como un tema de percepción y de vital importancia y desligarlo de discusiones políticas, tratándolo como un bien de todos los seres humanos.

Veníamos entonces hablando de los cinco pilares fundamentales que, desde el tratamiento de los temas ambientales, debieran estar contemplados en los programas de gobierno de la totalidad de los candidatos a gobernar nuestros territorios; demos entonces continuidad al tema.

Si bien es cierto que desde hace algunos años, el gobierno nacional ha propendido por planificar el uso y los cuidados de nuestro recurso hídrico, también es cierto que estos esfuerzos han sido de alguna manera esfuerzos insulsos y sin consecuencias reales; el Ministerio de Ambiente tiene una nómina muy reducida dedicada al tema desde la Dirección de Recurso Hídrico que realiza ingentes esfuerzos por racionalizar el tema, pero la realidad es que no tiene dientes para obligar a desarrollar el tema adecuadamente.

Algunas Cars, de manera juiciosa han desarrollado programas al respecto, pero indiscutiblemente, aparte de una colección de estudios, no se obtienen resultados prácticos.

Las alcaldías realizan juiciosamente sus ejercicios de planificación mediante los POT y a través de ellos pretenden armonizar el territorio, en muchos casos esto no pasa de ser una utopía; en algunas ocasiones lindan zonas industriales de mediano y alto impacto con zonas residenciales de estratos medio e inclusive alto, en otras se ve cómo se interrumpe o corta un ecosistema continuo. Es claro que, con honrosas excepciones, los alcaldes no se preocupan por la armonización de sus planes con los de sus vecinos y no se establecen mesas de concertación que permitan la homogenización de los criterios de planificación. Lo anterior deriva en un daño estructural de los ecosistemas y en una desmejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

De otra parte, el país carece de una línea ambiental que permita desarrollar programas de prevención y mitigación de los posibles daños derivados de los cambios ambientales, si cada gobernación levantara una línea base ambiental adecuada, el control sería más sencillo y sobre todo sería posible, de hecho la buena ejecución de los POT podría significar una serie de insumos que haría más sencilla la tarea de tener dicha línea base. La utilidad de la línea base, aparte del control, es la de permitir regular las licencias con datos ciertos y verificados, pero además permitiría intentar la planeación ambiental de nuestros territorios con miras a obtener sellos verdes para algunos de ellos; los sellos verdes darían ventajas económicas y desarrollos importantes desde la perspectiva turística a los municipios que los obtengan, la gran dificultad en nuestro país consiste en que para lograr estas metas se requiere una política de estado que garantice la continuidad de los programas y no políticas de gobierno que terminan en esfuerzos perdidos.

Desde otra perspectiva, deberíamos tener una política agresiva a nivel nacional, una política que permita un desarrollo armónico y sostenible pero que a su vez garantice que el medio ambiente será protegido; valga la pena aclarar que proteger el medio ambiente no significa detener el desarrollo, significa desarrollar sin generar daños no mitigables al planeta.

Finalmente quisiera compartir con ustedes el sueño de que la comisión V de nuestro Congreso, se preocupe de desarrollar la obligatoriedad de estos temas, sin consideraciones políticas y recordando que “La mejor política es la que beneficia a propios y contradictores”. Que Dios los ilumine.

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@alvaro080255