El pasado 9 de abril se llevó a cabo la primera reunión de los entes del sector ambiental que tienen alguna relación con la Amazonía Colombiana, con miras a dar cumplimiento a la sentencia que sobre la protección de la misma promulgó en días anteriores la Honorable Corte Constitucional; dicha sentencia obedeció a una tutela presentada por veinticinco jóvenes inquietos por la deforestación creciente de la selva colombiana y por las consecuencias que para el ambiente tiene dicha deforestación.
Si bien es importante, no solo para el país sino también para el planeta, que se otorguen medidas de precaución y de cuidado de esta riqueza natural, no deja de ser interesante observar que todo el andamiaje de la burocracia ambiental del Estado no había tomado medidas para dicha protección y ahora tiene que tomar medidas urgentes y rápidas por disposición judicial y no por conocimiento de la problemática del sector; cabe entonces preguntarse como es posible que un problema de tal magnitud estuviera pasando desapercibido para los entes encargados del tema.
La Amazonía colombiana cubre algo más del 40% del territorio patrio y corresponde aproximadamente al 6% del total de la gran selva amazónica, alberga menos del 9% de la población del país y algo más del 57% de nuestra biodiversidad; sin embargo su mayor importancia radica en lo que el doctor Peter Bunyard ha denominado la “Bomba biótica”, es decir la capacidad de generar el suficiente vapor de agua para que formen nubes que los vientos alisios dirigen a los Andes para mantener el ciclo hídrico de supervivencia de nuestro territorio. La deforestación continua del Amazonas amenaza con desertizar las zonas fértiles de los altiplanos asentados en los Andes, con las catastróficas consecuencias que son de suponer.
Aún no hay decisiones sobre las acciones que se deben tomar para la protección de nuestra selva, pero el tiempo otorgado por la Corte es muy corto, otorgó cuatro meses para elaborar y poner en marcha programas específicos de protección de ella; la pérdida de poco menos de 180.000 hectáreas de nuestra selva, tan solo en el año 2.016, nos da una idea de la magnitud de la responsabilidad que tiene el estado en la determinación de los pasos a seguir.
La pregunta a responder es ¿Cuáles son los temas en los que se debe hacer énfasis para evitar la continuación del daño generado en este importante ecosistema? Claro está que la respuesta puede ser un listado interminable, pero algunos aspectos son imposibles de ignorar en unas medidas serias de mitigación del riesgo de daño, veamos;
- El control estricto y eficiente de la siembra de cultivos en territorio amazónico; no solo de los cultivos ilícitos sino de aquellos que están corriendo poco a poco la frontera agrícola circundante.
- El adecuado seguimiento a las actividades mineras y la erradicación de la minería ilegal en el territorio.
- El control de las migraciones; el aumento indiscriminado de la población en el territorio está presionando actividades económicas que no son propias de la región.
- La penalización y el control adecuado del tráfico de especies de flora y fauna, incluyendo el control de productos provenientes de la depredación de las mismas.
- El adecuado manejo del turismo, realizando estudios de sostenibilidad y capacidad de carga que garanticen que la explotación turística no termine por desequilibrar el sistema.
El asunto no es de mero romanticismo, el asunto entra a ser de supervivencia, ojalá sirva esta sentencia para corregir el camino antes de que sea irreparable el daño; no está por demás preguntarse en donde están los entes de control, la misma fiscalía y la Corporación autónoma de la zona, alguien debería responder por los daños causados.
@alvaro080255