Los empresarios de la región se sumaron a las voces que piden se siga ejecutando el proyecto del metro elevado en la capital del país como se contrató, contrario a la iniciativa que tiene el presidente Petro de cambiar el diseño subterranizando un tramo. El Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca indicó que no hay razones técnicas ni jurídicas para modificar este contrato.

También dicho Comité rechazó el anuncio que hizo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que si el Distrito se sale de la conversación para mirar la viabilidad jurídica y técnica de ajustar el proyecto para que una parte del metro sea subterráneo, el Gobierno no cofinanciaría, con el 70 % del valor, varias obras clave de infraestructura en la capital de la República. 

“El Comité Intergremial de Bogotá Cundinamarca hace un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para construir consensos alrededor del diálogo articulado con el Gobierno Distrital, y de esta forma evitar anuncios y advertencias que condicionan el importante avance de un proyecto en marcha y la cofinanciación de nuevos proyectos claves para la movilidad de la capital”, indicó. 

Este Comité recordó que ya se ha pronunciado respecto a la relevancia del contrato de la primera línea del Metro de Bogotá, “gracias al amplio proceso de planeación que tuvo, el cual fue validado por tres diferentes Conpes nacionales y tres bancas multilaterales (BID, el BM y el Banco Europeo de Inversiones)”.  

Agregó que este proyecto cuenta con un 60 % de avance en el patio taller y un 18 % en su ejecución, “por lo cual no existe justificación técnica ni jurídica que amerite cambiar este contrato”. 

Por el contrario, advirtió el Comité Intergremial de Bogotá Cundinamarca, “los riesgos legales son altísimos y significarían mayores costos, más años de congestión vehicular e ineficiencia logística y afectación a las personas de menores ingresos. Cualquier modificación contractual debe realizarse bajo criterios técnicos y jurídicos que sustenten debidamente dicha decisión”. 

Le puede interesar: Con parar proyectos si no cambia trazado del Metro, amenaza Petro

Otros proyectos en riesgo 

Con relación al anuncio que hizo el Gobierno nacional de que no cofinanciaría varias obras de infraestructura en la capital del país si no se ajusta el proyecto de la primera línea del Metro, el Comité Intergremial de Bogotá Cundinamarca dijo que se pondrían en riesgo “proyectos que avanzan en diferentes etapas con cofinanciación de la nación y suman un total de $65 billones, entre los que se destacan por su importancia para la competitividad, sostenibilidad ambiental y la modernización de la ciudad y la región: el Regiotram de Occidente, la segunda línea del Metro de Bogotá, la Calle 13, los accesos norte, la ALO Sur, el Regiotram del Norte y 3 cables aéreos”.

Este Comité hizo énfasis en que es “prioritario garantizar la seguridad jurídica para concretar estas grandes obras de infraestructura que la ciudad necesita hace más de 50 años y frente a las cuales existe ya un avance y unas inversiones significativas que no pueden detenerse”. 

Advirtieron los gremios locales que “la incertidumbre en las obras para Bogotá y la región impactará la competitividad del tejido empresarial, y afectará directamente a los miles de bogotanas y bogotanos que dependen del transporte público para su movilidad y pierden la esperanza de mejorar la calidad de vida, al no poder contar en el mediano y largo plazo con un servicio eficiente y digno”.  

Suscribieron esta comunicación, entre otros, Camacol Bogotá-Cundinamarca, Acodres, Anato, la ANDI, Asocolflores, la Cámara de Comercio de Bogotá, Fenalco y Probogotá. 

La construcción de la primera línea del Metro adquiere mayor importancia tras la aprobación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que empezó a andar después de que a finales del año pasado el Concejo de Bogotá y la Asamblea aprobaron la integración a este modelo asociativo territorial.

Con la Región Metropolitana se busca tener una visión conjunta para buscar alternativas de solución en temas de movilidad, seguridad, ordenamiento territorial, seguridad alimentaria, desarrollo económico, servicios públicos y hábitat que beneficiarán a más de 10 millones de personas.