Al hacer una revisión sobre el contenido del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo presentado por el Gobierno, ANIF señala que reducir la pobreza, una de las metas de la carta, no se va a cumplir con las pocas previsiones de crecimiento.

Indica en su análisis el centro de pensamiento que “la alta carga ideológica del programa es la que permite hacer evidentes las metas, pero no deja tan claro el sustento detrás de algunas estrategias o el cómo se logrará cumplir con los objetivos trazados. Las metas de crecimiento resultan bastante conservadoras (1.3 % en 2023; 2.8 % en 2024; 3.6 % en 2025 y 2026) y no son del todo compatibles con las metas de reducción de pobreza”.

Sostiene en su informe la entidad que “sorprende el poco desarrollo de los instrumentos enfocados en apalancar el crecimiento en los próximos cuatro años, considerando además que todos los objetivos del plan dependen de un adecuado crecimiento económico. En el apartado de infraestructura, el PND se queda corto en planes de inversión diferentes a las vías terciarias, sistemas férreos y transporte fluvial. Los proyectos de quinta generación o los proyectos de alto impacto urbano no se están observando en el articulado y se corre el riesgo de que el país sufra un rezago en esta materia”.

Ordenamiento

Entre los positivo del Plan, ANIF indica que “se le ha dado una prelación al capítulo de ordenamiento territorial, evidenciada por una remodelación de la implementación del catastro, la habilitación de nuevos mecanismos de financiamiento en las regiones, la delimitación de competencias de ordenamiento nacionales y subnacionales”.

El articulado también busca generar cambios significativos en materia de política social con una búsqueda en la unificación y consolidación de los programas existentes. Se observa un esfuerzo por tener soluciones a problemáticas sociales de manera multisectorial. Se mantienen elementos de política anteriores en el campo de agua y de vivienda. Sin embargo, se introducen elementos propios de ir en la reforma vigente de la salud, como lo es el giro directo. El Plan en su conjunto realiza un esfuerzo por generar políticas diferenciales y tener en consideración en todas las dimensiones la participación de las comunidades étnicas. Se abre la posibilidad de las alianzas público-populares para la ejecución de recursos de inversión, aunque no se limita la participación privada en los procesos que conciernen a la inversión pública.

Le puede interesar: La reforma a la salud, con un panorama sombrío en el país

Corto plazo

Sin embargo, menciona que “el Plan contempla una ejecución de corto plazo en la mayoría de sus programas y propuestas. Algunos elementos se muestran inconexos y los programas no reflejan un propósito de convertirse en política de Estado, sino en programas puntuales en estos cuatro años. En el Plan de Desarrollo se puede percibir del articulado que hay elementos donde la forma es más importante que el contenido, lo que puede llevar al estancamiento de la acción de la política pública”.

Señala que “en el apartado de catastro multipropósito, si bien es deseable que las comunidades tengan una participación en todo el proceso, supeditar el proceso a decisiones particulares donde hay posibles conflictos de interés es una forma de moderar los avances que se buscan con esta política”.

Lo es igual con los capítulos referentes a la política social, sobre los cuales un exceso de políticas diferenciales puede diluir los efectos positivos de la inversión en las regiones.

Indica la entidad que “se crea en los artículos un gran número de fondos nuevos para propósitos que podrían ser asumidos por los fondos ya existentes, empresas mixtas o públicas, o entidades ejecutoras adscritas a los ministerios. Dichos elementos limitan la capacidad de hacer una auditoría adecuada de los recursos públicos o complejizan su accionar al diluirlos en múltiples objetivos misionales muy específicos. Además de este apartado, notamos un énfasis claro en la educación superior que deja en segundo plano la educación primaria, secundaria, básica y media”.

En otro aspecto que merece revisión, se debilitan los fondos de las entidades subnacionales, que fueron críticos para el financiamiento de la respuesta a la pandemia ($27.1 billones del FAE y $12.1 del Fonpet). En el FAE, si bien hay un ajuste por el reconocimiento de la deuda en dólares, no reconoce intereses a las regiones o un posible ajuste inflacionario. En el caso del Fonpet, se liberan recursos a los territorios, pero no se mitiga la necesidad de capitalización del fondo ante la existencia de pasivos.