Hace unas semanas el presidente colombiano, Iván Duque, presentó su nueva Política Nacional de Seguridad, una estrategia que contempla, entre otros puntos, crear redes de participación cívica, la negativa a cualquier cese del fuego bilateral, como el que abrió el camino para los diálogos de paz con la otrora guerrilla de las Farc y al fallido proceso con el ELN, así como un aumento en el presupuesto en Defensa, con un presupuesto de COP 33.4 billones.

El inicio de la política ocurre en medio de un escenario en el que día a día se registran asesinatos de líderes sociales en el país, amenazas contra la oposición y enfrentamientos entre grupos armados ilegales en varias regiones del territorio, además de denuncias de amenazas en contra de excombatientes de las Farc y de incumplimientos en la implementación del acuerdo de paz.

Además, tiene lugar en medio de un debate abierto meses atrás por el oficialista partido Centro Democrático (CD) y el Partido Conservador, que han solicitado flexibilizar un decreto que regula el uso y porte de armas en el país. De hecho, el mes pasado, el senador y líder del CD, Álvaro Uribe Vélez, se refirió al tema en reunión privada de su partido en la ciudad de Montería, Córdoba. 

El expresidente señaló que “la ciudadanía está pidiendo una flexibilidad en los permisos especiales” de porte de armas y que hay personas que “ya amenazaron con armarse ilegalmente”. 

Esta propuesta ha encendido las alarmas en la ciudadanía, pues solo en enero hubo 19 personas víctimas de balas perdidas, incluido el caso del joven cantante Fabio Legarda, que murió en medio de un atraco en Medellín.

¿Es este panorama el inicio de un nuevo episodio de guerra en Colombia? Para la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), aunque hay una disminución sustancial en todos los índices de violencia producto del acuerdo y posterior firma de la paz con las Farc. “Vemos una serie de elementos que están confluyendo, sumado a una política militarista, que pueden dar lugar a una reactivación del conflicto armado interno”, dijo Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de investigación Conflicto, Paz y Posconflicto de Pares.

"Vemos una posibilidad muy grande porque se están reuniendo una serie de condiciones muy preocupantes, recicladas de la política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010)", añadió Restrepo. 

Entre los aspectos que mencionó el investigador están la propuesta de flexibilización del porte de armas y la amenaza de que poblaciones ganaderas se están armando, la ruptura de diálogos de paz con el ELN (también culpa de la guerrilla misma), y la falta de una presencia integral del Estado en varias zonas del país, no militar y esporádica como se ha hecho hasta ahora.

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Preocupación por propuesta para flexibilizar porte de armas

Frente a lo relacionado con uso y porte de armas, Restrepo recordó las cooperativas de seguridad privada conocidas como Convivir, promovidas y apoyadas por Uribe Vélez cuando era Gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997. 

“Vemos con mucha preocupación que el uribismo esté fomentando la flexibilización sobre porte de armas, porque es una experiencia que ya sucedió en Colombia y que dio lugar a las Convivir y a la tragedia que tuvimos que vivir con ello. En una sentencia de 2013 el Consejo de Estado dijo que las Convivir fueron la semilla del paramilitarismo como fenómeno (...) y que muchas de ellas, a las que se les otorgó personería jurídica por la Gobernación de Antioquia, estuvieron involucradas en masacres tremendas", señaló el vocero de Pares.

Restrepo indicó también que "aún más grave es la tercerización de la seguridad" en el país, puesto que tras el fin del conflicto armado interno con las Farc se necesita la consolidación del monopolio de las armas por parte del Estado. "Consideramos un despropósito que se quiera tercerizar el servicio de seguridad y dárselo a la población, cuando no tenemos un Estado consolidado. Es una contradicción del uribismo, que estando ahora en el poder, considere que el Estado es débil, por lo que debe entregar la protección a los ciudadanos", concluyó.

El investigador cuestionó las palabras y postura del actual senador Uribe respecto a su conocimiento de casos de ganaderos en el Cesar que se están armado ilegalmente: “si él conoce eso, debería denunciar y demandar para apoyar la política de Estado de legalidad”.

No al cese al fuego, el "oxígeno para vivir una guerra"

Otro de los elementos preocupantes es la anulación de futuros ceses al fuego, lo ocurrido con el ELN y el desconocimiento de los protocolos firmados ante el eventual fracaso del proceso de paz. Según Restrepo, dicho escenario conlleva a que ya no haya posibilidades de una negociación, lo que “sería el oxígeno que necesitarían para vivir una guerra, sumado a las tensiones con Venezuela y a la presencia de grupos armados post Farc".

“Eso cercena cualquier posibilidad con otros grupos armados ilegales, porque es el principio para las negociaciones, un voto de confianza que uno da en el otro”, señaló el investigador.

Para Restrepo, "hay una serie de riesgos muy preocupantes que se están asumiendo", además de mensajes "armamentistas y guerreristas muy claros que son tremendamente alarmantes".

Una opinión opuesta a la postura de Pares respecto a la reactivación del conflicto tiene Camilo Echandía, profesor emérito de la Universidad Externado y uno de los mayores conocedores de conflicto armado y violencia en el país. 

Según el experto, aunque "da la sensación de que se estuviera abordando una situación con los mismos retos y dificultades" de épocas de guerra, la situación actual es completamente distinta.

"Lo que sí llama la atención poderosamente es cómo no hay un espacio para la salida política negociada del conflicto, lo que deja la sensación de que la política solamente tiene en mente la salida militar, en una guerra total con pocas posibilidades de salir victorioso, para aniquilar las amenazas que siguen existiendo, principalmente el ELN", aseveró Echandía.

"Es un cálculo irreal aniquilar al ELN"

El docente afirmó que este es un "cálculo bastante irreal" del Gobierno, en la medida en que la experiencia del país demuestra que es imposible aniquilar a un grupo irregular de las características del ELN que son muy diferentes a las de las Farc, dada su presencia territorial y su forma de actuar, "mucho más en términos de redes que de campamentos localizados en zonas rurales que se puedan atacar fácilmente".

"Es una ausencia total del realismo frente a la naturaleza del conflicto", enfatizó, y recalcó que es un "problema grave" no contemplar la salida negociada con el grupo guerrillero en la nueva Política de Seguridad.

Además, frente al no reconocimiento de los protocolos con el ELN para el momento en que se rompieran las negociaciones, advirtió que la actual jefatura de Estado "sienta un precedente muy malo" internacionalmente.

Camilo Echandía tampoco cree que vaya a haber una similitud entre las Redes de Participación Cívica propuestas y las Convivir. El docente desestimó la efectividad de esas cooperativas en el pasado y un parecido de las redes de información propuestas por Duque en el escenario actual del país, al tiempo que subrayó que aún no se sabe cuál va a ser el futuro de esta iniciativa, y sobretodo "quién las va a controlar en escenarios donde hay tantos problemas como presencia de actores criminales y economías ilegales".

Hay mensajes encontrados del Gobierno

Frente a la nueva directriz sobre porte de armas que está a punto de presentar el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el experto aseguró que hay mensajes encontrados en el Gobierno. Mientras "el presidente ha dicho que no es conveniente que se estimule el porte de armas en civil, cada vez hay más información sobre homicidios que se cometen con armas de fuego en las ciudades y zonas rurales. Toda la evidencia llevaría a la conveniencia de tener un control sobre las armas para garantizar el monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza, por lo que cualquier tipo de flexibilización en este momento es contrario a los hechos mismos".

Según un reciente informe de Pares, "Colombia está en un punto de quiebre" donde o regresa a la guerra o consolida el proceso de construcción de paz. 

Esta conclusión la argumenta citando algunas cifras de violencia, como la tasa de homicidio, que disminuyó constantemente desde el 2012 en cerca 10 puntos. Aunque se estancó en 2017, para 2018 hubo una "leve, pero preocupante, tendencia al alza". 

La Fundación afirma que, aunque casi todos los indicadores asociados al conflicto armado disminuyeron, "hay que ponerle cuidado al homicidio". 

Por otra parte, resaltó que hay tres subregiones del postconflicto donde se ha elevado sustancialmente este indicador de violencia: el Bajo Cauca, norte y nordeste antioqueño, la costa pacífica nariñense y caucana, con municipios en los que ha aumentado la tasa de homicidio en más de 200% y regiones en las que se vive una "especie de guerra civil".