Aunque no hay cifras que puedan ser concluyentes, entidades del Estado concuerdan en que este flagelo, que disminuyó con el acuerdo de paz, está presentándose de nuevo

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Hoy se celebra el Día Internacional contra el Reclutamiento de Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

En esta fecha la ONU busca fortalecer la protección de los derechos de los menores y la prevención de su vinculación a los conflictos armados.

Un día como hoy entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados (OPAC), en 2002, que se inspira en la movilización social realizada en Alemania en 1997 en contra del reclutamiento de niños en el conflicto armado de Ruanda.

El OPAC obliga a los Estados a prevenir el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) por grupos armados al margen de la ley, y a atender a quienes son víctimas de este crimen. En Colombia, el Congreso por medio de la Ley 833 aprobó el protocolo y se comprometió a adoptar estas medidas para evitar que las personas menores de 18 años participen en el conflicto armado.

Política pública

El Gobierno publicó la línea de política pública de prevención del reclutamiento, utilización, uso y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados organizados (GAO) y grupos delictivos organizados (GDO).

“La dinámica del reclutamiento obedece a un número plural de causas que han sido identificadas por distintos estudios y entidades especializadas. Desde una perspectiva sociológica, se puede entender la prevención como la reducción de la incidencia de las condiciones estructurales (dinámicas sociales, factores de riesgo) que promueven y favorecen la vinculación. Así mismo, debe entenderse la prevención de la vinculación como la actuación institucional en aras de garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes”, planteó el documento gubernamental.

Según el Gobierno, los municipios con mayor afectación se ubican en el corredor del Litoral Pacífico y Pacífico Meridional de Nariño, en la frontera con el Ecuador; además se encuentra este fenómeno en “la Serranía de San Lucas, Catatumbo, norte de Antioquia en el corredor septentrional, corredor sur oriental -el cual abarca el piedemonte amazónico hasta Cumaribo, considerando Arauca-, la cuenca del río Guaviare y el sur tolimense como punto de conexión entre la cuenca Ariari - Guayabero y el Litoral Pacífico”.

Así mismo, el Gobierno indicó que el proceso de desmovilización de las Farc significó una reducción alrededor del 62% de los casos entre 2015 y octubre de 2019 en comparación con el periodo 2011-2014.

La base de datos del ICBF da cuenta de que hasta el 31 de octubre hubo una reducción de registros  de desvinculación, es decir menores que estaban vinculados a alguna organización criminal y que fueron atendidos por el Estado. Los datos oficiales revelan que hasta el 31 de diciembre se reportaron menos de 50 casos.

De hecho, la entidad indicó el pasado 24 de septiembre de 2019 que para esa fecha el ICBF brindaba atención especializada a 230 menores de edad desvinculados de grupos armados ilegales, los cuales han sido puestos bajo protección de la Entidad luego de ser rescatados en operaciones militares o que ingresaron al programa de forma voluntaria.

“Tras el anuncio de las disidencias de las Farc de retomar las acciones bélicas, y de las instrucciones que han dado a sus filas de engrosar en 3.500 su número de efectivos en los próximos dos años, resulta preocupante este historial y eleva las alertas de utilización y reclutamiento de menores de 18 años para sus actividades ilícitas. Vale recordar que de los 6.732 niños, niñas y adolescentes que han ingresado desde 1.999 al programa de atención especializado del ICBF, el 58% (3.879) fueron desvinculados de las Farc”.

Sin embargo, en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, se habla de aumentos de las alertas de reclutamiento en el sur del Chocó, Urabá Antioqueño, Catatumbo en Norte de Santander y Guaviare.

El Gobierno aceptó que en este momento “aún persiste la probabilidad que el número de niños, niñas y adolescentes víctimas del delito de ‘uso de menores’ aumente considerablemente y que la afectación generada por este, enmarcado netamente en ciudades grandes o capitales departamentales, empiece a aparecer más frecuentemente en entornos rurales, jalonados por la expansión y emergencia de nuevos grupos armados organizados y grupos delictivos organizados”.

Por otro lado, la Fiscalía, citada en el reporte del Gobierno, indicó que ha recibido “la entrada efectiva de 1.544 reportes por el delito de ‘uso de menores’ entre 2013 y 2018. Adicionalmente, en los últimos dos años se evidencia un aumento de poco más del 300% en los casos de uso a nivel nacional”.

Los menos son usados, según el Gobierno, en labores de microtráfico, extorsión y control territorial, “ya no solo en zonas urbanas, sino en zonas rurales y de prácticas jalonadas, en algunas ocasiones, por la expansión territorial de GDO y en otras, por pequeños productores de cultivos de uso ilícito, específicamente de marihuana”.

“La relación entre la reducción del reclutamiento y el aumento de los casos de uso parece ser inversamente proporcional en los últimos años”, señaló el Gobierno, “ya que eventualmente la proliferación de grupos residuales organizados y organizaciones de crimen organizado están captando a los menores de edad; caso similar al presentado entre los años 2003 y 2006 con los grupos desmovilizados organizados, donde de acuerdo con la información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, los grupos desmovilizados son los que en su momento estaban utilizando con mayor frecuencia y en un número extendido de actividades a NNA”.

Cifras de víctimas

En el Registro Único de Victimas (RUV), de la Unidad de Víctimas, con corte al 1 de enero, hay un total de 8.095 víctimas únicas incluidas por el hecho victimizante de Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes vinculados a actividades relacionadas con grupos armados, con una distribución porcentual de 66,5% hombres, 33,4% mujeres y 0,1 población LGBTI.

Según el informe “es importante mencionar que el 88,36% de las víctimas de vinculación de niños, niñas y adolescentes no reportan algún tipo de pertenencia étnica. No obstante, otros grupos poblacionales han sufrido graves afectaciones por este hecho victimizante como sucede con miembros de comunidades indígenas, negras o afrocolombianas, raizales, gitanos y palenqueros. De igual manera, un análisis con enfoque diferencial permitió identificar que el 5,1% de las víctimas reportaron algún tipo de discapacidad o limitación”.

La Unidad de Víctimas señaló que Antioquia es el departamento de mayor ocurrencia, representando el 15,6% del número total de víctimas únicas incluidas, seguido por Meta y Caquetá, con una incidencia del 6,7% y 6,5% respectivamente. La entidad sostuvo que los grupos guerrilleros serían los mayores perpetradores con 3.971 víctimas; seguido de actores no identificados con 3.246 registros. La lista continúa con Paramilitares, 717 víctimas; Bacrim 134 y Fuerza Pública con 11.

Proyecto de ley

La representante Margarita Restrepo, del Centro Democrático, presentó un proyecto de ley que fortalece las penas a todo aquel que reclute a un menor de 18 años, que lo utilice u obligue a participar directa o indirectamente en hostilidades armadas, pagando una pena de prisión de 13 a 23 años.

Para la congresista, este proyecto –que ya cursa segundo debate en la Cámara–es la mejor manera de reparar a las víctimas de esa atrocidad, a través de la acción decidida y rápida de la administración de justicia.