El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, informó que en Valledupar y en otros seis municipios del departamento del Cesar existe alto riesgo de que se pueda afectar el desarrollo de los comicios, por la presencia de los grupos armados ilegales.

Mediante una alerta temprana, la entidad identificó que organizaciones como el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia interfieren con amenazas o intimidaciones contra las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos, mujeres, comunidades indígenas y excombatientes, lo que ha llevado a que ellos no puedan realizar o escuchar las propuestas de los candidatos.

“Llamo la atención para que las autoridades ejerzan el control y estén atentas a lo que ocurre en este departamento, el Estado debe mitigar y evitar la ocurrencia de situaciones que vulneren los derechos de las personas en el territorio", aseguró el funcionario.

Igualmente, advirtió que de los ocho territorios mencionados, cuatro elegirán a su representante de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz; sin embargo, señaló que en los últimos días ha habido intimidaciones contra los aspirantes a este escaño en la Cámara de Representantes.

“Es muy importante advertir sobre los escenarios de riesgo, pero quiero llamar la atención sobre un aspecto que tiene que ver con las circunscripciones de Paz; a esas personas, candidatos, aspirantes, organizaciones, movimientos, partidos políticos, toda vez que en esa oportunidad las personas son avaladas por organizaciones sociales”, recalcó Camargo.

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El defensor agregó que también están en riesgo medio los municipios de Becerril, la Jagua de Ibirico, Chiriguaná, Chimichagua, Tamalameque y Pelaya.

En cuanto a los tres procesos electorales, el funcionario declaró que “nosotros hemos dispuesto un proceso amplio de pedagogía y promoción, y para ello hemos dispuesto un plan operativo electoral de la Defensoría del Pueblo atendiendo unas líneas de acción”, previamente coordinadas con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Finalmente, el defensor Carlos Camargo indicó que la entidad estará disponible para la ciudadanía en general, con el fin de atender todas las solicitudes de los colombianos sobre cualquier hecho de vulneración a los derechos.

“La Defensoría del Pueblo apoyará para que el ciudadano presente la queja, solicitud, realice la denuncia pública sobre las diferentes circunstancias atentatorias contra los derechos individuales y colectivos, especialmente, los derechos políticos que tiene el ciudadano, y por ello vamos a establecer toda la interoperatividad para que en tiempo real todas las instituciones tengan conocimiento sobre cualquier circunstancia vulneratoria de sus derechos”.