La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP decidió rechazar la solicitud de sometimiento de Edilberto Castro Rincón, exgobernador del Meta entre 2004 y 2007, tras sus nulos aportes a la verdad.

Castro fue condenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en 2007 a 40 años de prisión por su implicación en una serie de delitos graves, incluyendo homicidio agravado, celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y concierto para delinquir. Su condena se relaciona con el asesinato de tres políticos que habían denunciado actos de corrupción durante su administración. 

Castro Rincón asumió la gobernación en un período marcado por la corrupción y la influencia de grupos paramilitares en la política local. En julio de 2004, la exdiputada Nubia Inés Sánchez Romero envió un memorando al gobernador expresando preocupaciones sobre un contrato para la compra de útiles escolares, que presentaba irregularidades significativas como sobrecostos y falta de documentación adecuada.
 

Dos meses después, Sánchez fue asesinada, junto con Eusser Rondón Vargas, un rival político que había denunciado fraude electoral en las elecciones de 2003, y Carlos Javier Sabogal Mojica, exgobernador del Meta

La investigación reveló que el contrato de útiles escolares fue adjudicado a empresas no especializadas en el rubro, lo que indicaba una manipulación intencionada para beneficiar a ciertos contratistas. Además, se descubrió que Castro Rincón había establecido acuerdos financieros con grupos paramilitares, comprometiéndose a entregar un porcentaje significativo de los contratos públicos a cambio de protección y apoyo político

De acuerdo con lo establecido en la justicia ordinaria, durante su mandato, el exgobernador Castro Rincón además se alió con alias ‘Don Mario’ y alias ‘Miguel Arroyave’, comandante del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).