El país requiere de $65 billones para atender a 6,2 millones de víctimas en los próximos 10 años, sostuvo la Contraloría General de la República, que alertó sobre la necesidad de que se haga un mayor esfuerzo fiscal para reparar a las personas que han sufrido el impacto por el conflicto armado.

El ente de control considera que es insuficiente la destinación de recursos en el documento Conpes 4120 sobre el tema.

El contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, al intervenir desde Montería en el Foro “¿Qué ha pasado con los recursos para el posconflicto?”, recalcó la posición que fijó al respecto el organismo de control en respuesta a un pronunciamiento solicitado por la Corte Constitucional.

En su respuesta al fallo de tutela proferido por la magistrada Gloria Stella Ortiz, la Contraloría planteó sus observaciones a la Corte Constitucional con el propósito de analizar los avances en la superación de los bloqueos institucionales y las prácticas inconstitucionales que afectan el Goce Efectivo de los Derechos de la población desplazada.

Según los análisis realizados por la Contraloría, el Conpes 4120 para la Política Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas cuenta con una destinación de $142,1 billones, los cuales “resultan insuficientes y no son acordes al universo de población víctima pendiente de atención”.  

“Las víctimas que han accedido a una medida de reparación no superan el 13% y, según nuestros cálculos, se requieren a junio de 2031 más de $328,3 billones para ejecutar 19 medidas contempladas en la ley. Esto significa que se requiere un mayor esfuerzo fiscal en adelante a fin de cumplir con las obligaciones establecidas en la normatividad vigente”, subrayó el Contralor delegado.

Indemnización

Entre esas medidas se encuentran la indemnización, cuya meta es a 10 años, y la asignación de $11,5 billones no se compadece con el universo de víctimas pendientes de atención. 

También se estipulan los auxilios para vivienda por $51 billones para 1 millón de hogares, la alimentación con $27 billones para 1,2 millones de personas, y los retornos y reubicaciones con recursos por $15 billones para 1,4 millones de hogares.

Referente a la vivienda, la Contraloría es tajante: aproximadamente a 3 millones de víctimas no se les ha cumplido con el acceso a todos los componentes que representan una vivienda adecuada.

Por otra parte, el Gobierno nacional en su informe anual 2021 no presenta resultados frente a los indicadores propuestos para la medición del derecho a la generación de ingresos. Hay 1,2 millones de víctimas pendientes de esta medida.

Restitución

Respecto a los resultados en el tema de restitución de tierras, estos no son menos preocupantes, considera la Contraloría. Dice que, de más de 135 mil solicitudes, solo se han restituido con sentencia algo más de 12 mil.

De esa cantidad de solicitudes presentadas, un 24% (32.793) se encuentran en departamentos de la Costa Caribe, siendo Bolívar y Cesar los que mayor número de solicitudes tienen (cada uno con el 6%). Les siguen Magdalena (5%) y Córdoba (3%).

Asimismo, de las más de seis millones de hectáreas proyectadas para restituir, solo se tienen órdenes judiciales de restitución sobre 169.224 hectáreas. Además, solo el 45% de las solicitudes con demanda cuentan con sentencia judicial.

Respecto al tema de indemnizaciones, la CGR dice que se han producido algunas alertas por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari). Una alerta que se dio en 2021 señala que hay 75 personas fallecidas indemnizadas en una cuantía de $647,3 millones.

Por este motivo, la Contraloría realizará una nueva Actuación Especial de Fiscalización a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas en donde se revisarán 1.093 casos correspondientes a giros de indemnizaciones que carecen de información clave para su seguimiento, como las fechas de pago o reintegro.  

Otro tema sobre el cual llama la atención el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, es que la Contraloría ha identificado como riesgo la falta de recursos para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

De $3,5 billones, aún hay pendiente por ejecutar cerca de $1,2 billones, lo que retrasa la ruta de intervención