La improcedencia de la tutela formulada contra el presidente Iván Duque, por el ingreso al país de tropas del Ejército de Estados Unidos en el marco de los acuerdos de cooperación para el combate al narcotráfico, fue ratificada ayer por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En su decisión confirmó el fallo impugnado, es decir el proferido el 2 de diciembre por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
Ese mismo mes, el Consejo de Estado revocó otro fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que frenaba las actividades de dichas tropas, al considerar que la acción de tutela –con la que se reclamaba la participación política y que fue presentada por un grupo de congresistas de oposición en contra de la autorización del Gobierno para el ingreso de los militares norteamericanos– no era el mecanismo idóneo para este caso.
La brigada norteamericana de Asistencia de Fuerza de Seguridad (SFAB, por sus siglas en inglés), que llegó en julio a Colombia a ayudar en la lucha antinarcóticos, es una unidad especializada en asesorar operaciones en naciones aliadas. En el país centra sus esfuerzos en las Zonas Futuro que han sido delimitadas por el Gobierno nacional.
“La misión de SFAB en Colombia es una oportunidad de mostrar nuestro compromiso mutuo contra el narcotráfico y el apoyo a la paz regional, el respeto de la soberanía y a la promesa duradera de defender los ideales y valores compartidos”, ha dicho el almirante Craig Faller, comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos.
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Pulso jurídico y político
Los congresistas demandantes alegaron que la decisión del Gobierno de permitir el tránsito de las tropas militares desconoció el control del Senado, luego que el Ministerio de Defensa autorizara las actividades de la delegación militar extranjera con una carta firmada por 69 senadores, aunque varios de estos luego señalaron que, aunque acompañaban al Ejecutivo, su firma no podía sustituir la decisión de la plenaria. Con todo, los parlamentarios de izquierda alegaron que esa decisión vulneraba sus derechos políticos, pues ese tipo de decisiones deben ser tomarlas en el Capitolio y no la Casa de Nariño de forma unilateral.
Al fallar la acción de tutela, el Tribunal Superior de Cundinamarca le dio un plazo perentorio de 48 horas al Gobierno nacional para que suspendiera las actividades de la misión militar y dentro del mismo tiempo le enviara toda la información relacionada con la presencia de esas unidades extranjeras en el territorio nacional. La decisión también ordenaba suspender todos los efectos jurídicos de la presencia de militares de Estados Unidos en el país.
El Gobierno apeló precisando que no acudió al Senado porque no se trataba del tránsito de tropas por el territorio nacional.
En el aspecto referente a la vulneración de los derechos políticos, el Consejo de Estado consideró que "los accionantes no acreditaron que agotaron ante las mesas directivas del Senado ni a través de los canales dispuestos para la protección de los derechos de oposición el derecho a la participación, cuya solicitud de protección trasladaron al juez de tutela", en cambio el alto tribunal pudo verificar que sí se agendó el tema en sesiones, como también que se citó al fallecido ministro Carlos Holmes Trujillo para que informara al respecto. En concepto del Consejo de Estado, “los senadores no tuvieron ningún tipo de impedimento para el ejercicio de sus funciones individuales de control y participación política a los demandantes como miembros del Senado al interior de la corporación", anotando que no efectuaron ninguna proposición a debate que hubiera sido negada por parte de la mesa directiva, "por lo que se advierte que la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo adicional para ejercer sus derechos al interior de la Corporación a la que pertenecen".
En su momento, Trujillo señaló que para el Gobierno colombiano la lucha contra el narcotráfico es una prioridad compartida con Estados Unidos, ya que “este flagelo es uno de los motores principales de la violencia que afecta a las comunidades, a los líderes sociales. El narcotráfico asesina a nuestros campesinos, destruye los bosques, la fauna y contamina los ríos y mares de Colombia”.
Según el Ministerio de Defensa, los 53 militares que conforman la SFAB cumplen funciones de asesoría, capacitación y entrenamiento, distribuidos en varias unidades. 21 están en unidades del Comando General: en la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación “Hércules” - Tumaco, hay 10 militares asesores de la SFAB, mientras que en la Fuerza de Tarea Conjunta “Omega” – La Macarena, hay 11. Otros 21 están en unidades del Ejército Nacional: 10 en la Fuerza de Tarea Vulcano – Tibú y 11 en la Brigada Contra el Narcotráfico – Larandia / Bogotá. Los 11 restantes están ubicados en las instalaciones del Cantón Norte de Bogotá y tienen a su cargo actividades de coordinación.